El departamento de La Guajira, donde los indígenas wayuu mueren por falta de agua potable, existe la presa El Cercado o Ranchería, en donde se guardan 198 millones de metros cúbicos de agua, además 10 ríos: Palomino, San Salvador, Negro, Río Ancho, Cañas, Jerez, Tapias, Lagartos, María Mina, Cesar, vierten sus aguas al mar o a lagunas, sin ser utilizadas en su totalidad, mientras la población padece por la falta del preciado líquido en sus hogares.
NOTA DEL DIRECTOR
Durante el evento celebrado en el marco de la COP 16, Yessika Hoyos Presidenta del CAJAR, hizo énfasis sobre cómo la crisis hídrica actual se agrava por decisiones políticas y corporativas que priorizan el beneficio económico sobre el bienestar de las comunidades y el equilibrio ambiental.
Según las investigadoras Sandra Brown y María Cecilia Roa, citadas por la organización, el índice GINI de distribución del agua en Colombia es alarmante, alcanzando un 0.90, superando incluso la inequidad en la distribución de la tierra. Además, se denunció que según los datos de Brown y Roa, el 70% de los pequeños usuarios rurales no tienen acceso a concesiones de agua, mientras que las grandes corporaciones continúan acaparando este recurso a tarifas extremadamente bajas, perpetuando la injusticia.
La intervención resaltó que: “Colombia es rica en fuentes de agua, sin embargo, la distribución es altamente desigual. Es importante implementar integralmente el Acuerdo de Escazú y regular la captura masiva de agua que realizan grandes industrias. En este sentido, es necesario exigir mayor transparencia en los datos sobre concesiones y uso del agua, ya que sin esta información es imposible tomar decisiones y ejercer control ciudadano”.
Uno de los puntos más contundentes de la intervención fue la relación entre las industrias de bebidas y productos ultraprocesados con los conflictos por el agua. El CAJAR denunció que estas industrias no solo contribuyen a la escasez hídrica, sino que también promueven un modelo de consumo que perjudica tanto a las personas como al medio ambiente. “Según el PNUD la producción de una sola hamburguesa demanda alrededor de 11.000 litros de agua, mientras que miles de colombianos no tienen acceso a los mínimos vitales de agua”, alertó la Presidenta del CAJAR.
Finalmente, el Hoyos hizo un llamado a transformar radicalmente los sistemas de producción agrícola y alimentaria para reducir el consumo de agua y a que las industrias asuman la responsabilidad de sus acciones, absteniéndose de interferir en procesos regulatorios y respetando las decisiones de las comunidades afectadas.
Las propuestas del CAJAR, subrayaron la importancia de un modelo de gobernanza del agua que integre la participación comunitaria, la conservación de la biodiversidad y el respeto por los derechos humanos como pilares para una gestión hídrica justa y sostenible en Colombia.