Opinión (Page 2)

Comparte esta noticia:
Juana Cordero.

En las últimas administraciones, Riohacha ha sido testigo de una preocupante falta de control político y una oposición seria. El concejo municipal parece navegar sin rumbo claro, dejando a la ciudad sumida en una incertidumbre que clama por un cambio. Este desenfreno se evidencia aún más tras un desconcertante cambio de posturas, donde quienes hicieron campaña junto al actual alcalde ahora se declaran en independencia, mientras otros asumen una oposición insípida.

La política local se ha vuelto un tablero de ajedrez, pero solo peones con movimientos predecibles que muestran una vez más que quien paga para llegar llega para pagar”  los apoyos recibidos en campaña.

La ausencia de un contrapeso político efectivo ha dejado al alcalde Genaro Redondo con un margen considerable de maniobra, sin el necesario escrutinio que asegure decisiones alineadas con los intereses de la ciudadanía. La responsabilidad de hacer contrapeso no solo recae en los líderes de oposición formal, sino en cada ciudadano que debe asumir su rol activo en la construcción del destino de Riohacha.

La verdadera fuerza está en nosotros, la ciudadanía. Es el momento de asumir un papel más activo, de empoderarnos y tomar las riendas de nuestro destino. No esperemos liderazgos que titubean; construyamos nuestro camino.

El control político debe estar en nuestras manos, y para lograrlo, necesitamos informarnos, participar y exigir respuestas. Este no es solo un llamado a la crítica, sino a la acción ciudadana que construye, que transforma.

Juntos, podemos ser la voz clara y firme que Riohacha merece. Empoderémonos, ciudadanos, y hagamos que la política local refleje verdaderamente nuestros anhelos y necesidades. El cambio está en nosotros, y el futuro de Riohacha se escribe con la tinta de nuestra participación activa y consciente. ¡A empoderarnos y construir un mejor mañana para nuestra amada ciudad!

Comparte esta noticia:
Por José David Name Cardozo
Senador de la República
Partido de la U

El cuestionado servicio de energía de la Costa Caribe lleva décadas afectando la calidad de vida de sus habitantes, quienes además de padecer por las frecuentes interrupciones del fluido eléctrico y su pésima calidad, se encuentran altamente expuestos a exagerados aumentos en las tarifas. Si bien no es una novedad, en los últimos años la problemática ha escalado hasta llegar a un punto de no retorno que resulta urgente revertir.

Al ya grave panorama que se vivía en la región a finales del 2019 por los constantes aumentos debido a exposición en bolsa de energía, las dudas acerca de la entrada en operación de Hidroituango, la falta de mantenimiento de las redes y las variaciones climáticas, se sumó el decreto 1645 del 10 de septiembre de 2019, para la adopción de un régimen regulatorio transitorio y especial para la operación del servicio de energía. Y es que como dice el dicho popular: “Al perro más flaco se le pegan las pulgas”.

Cuando el Gobierno del Presidente Iván Duque expidió el decreto, sabíamos que la gran perjudicada sería la Costa Caribe, y así lo confirmamos unos meses después, cuando se realizó la acelerada venta de Electricaribe, bajo un monto hasta ahora desconocido, eso si con múltiples gabelas y beneficios para las empresas Air-e y Afinia. Luego llegaron, entre otras resoluciones, la 010 del 30 de enero de 2020 y la 078 del 24 junio de 2021 de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), que autorizaron a Afinia y Air-e, la realización de un cobro retroactivo por pérdida de energía. Una carga injusta para los usuarios quienes al día de hoy están pagando tarifas excesivas. En pocas palabras, lo que hizo la CREG fue premiar a los que roban y castigar a quienes pagan por la energía.

La modificación o alteración de redes eléctricas tiene dimensiones escandalosas en esta región del país. Según la empresa Air-e, en el Atlántico las pérdidas por el robo de energía son del 29%, unos 130 millones de kilovatios mensuales que pueden alcanzar los 40 mil millones de pesos al mes. En los departamentos de La Guajira y el Magdalena, la situación es peor, con cifras superiores al 40% y 30% respectivamente, muchas personas ven normal el hecho de abastecerse de manera ilegal del suministro eléctrico. Lo que suma millonarios cobros.

Hace unos días recibimos la buena noticia que el Consejo de Estado admitió una demanda de la Unión Nacional de Comerciantes (Undeco), contra el decreto presidencial 1645, un paso para tumbar este injusto régimen tarifario especial que ha creado un hueco en el bolsillo de los usuarios de la Costa, golpeando sin contemplaciones, las finanzas de los usuarios residenciales, comerciales e industriales.

Actualmente, tenemos un aumento de 40% en el costo de la energía en la región Caribe que se podría multiplicar con el Fenómeno de El Niño. Es urgente proteger a los usuarios y desmontar estos cobros injustos que impactan significativamente las tarifas. Esperamos que el recurso legal presentado logre revocar este decreto que se ha convertido en un atentado contra el desarrollo económico y el bienestar social de la región. Es injustificable que los usuarios tengan que pagar por el robo de energía y por la deteriorada infraestructura del sistema de distribución.

Comparte esta noticia:
Por José David Name Cardozo
Senador de la República
Partido de la U

En cuidados intensivos se encuentra la denominada “Paz Total” del presidente Gustavo Petro. Y no es para menos, después de las recientes acciones de los grupos armados contra la Fuerza Pública y la población civil, son absolutamente cuestionables los avances de las actuales conversaciones de paz. Superar este momento crítico es uno de los más grandes retos del Gobierno Nacional.

La guerra arrasó con lo mejor de Colombia en más de medio siglo y con ella se fueron gran parte de nuestros hombres, mujeres, adolescentes y niños. Las pérdidas económicas suman miles de millones de dólares. El atraso como consecuencia de la guerra es evidente y el dolor que deja mucho más. Intentamos ganar la guerra. En esa dirección hubo resultados positivos, pero todavía falta mucho camino por recorrer.

La indignación y rechazo nacional que causó el secuestro de Luis Manuel Díaz, padre del futbolista guajiro Luis Díaz, perpetrado por el Ejército de Liberación Nacional ELN, regresó la atención al flagelo del secuestro, que nunca se ha detenido en el país, y se convirtió en un nuevo quiebre, que evidencia los incumplimientos al Derecho Internacional Humanitario del grupo que lidera Antonio García, quien ha criticado vehementemente el proceso de paz. Según el Ministerio de Defensa, son más de 30 personas las secuestradas por el ELN en lo corrido del año. ¿Y así quieren que se acceda a sus pretensiones?

El terror que diariamente viven habitantes en el Cauca, por las disputas entre grupos, convoca una redirección en el proceso para que verdaderamente se logre la negociación o el sometimiento de los principales grupos armados ilegales y bandas criminales. Los agentes del conflicto deben comprometerse a no seguir agitando las aguas para no volverlas turbulentas.

El tema que concentra la atención del país es el inicio del quinto ciclo de conversaciones con el ELN, el próximo 30 de noviembre en México, que se espera le dé un giro a las negociaciones. La llegada del nuevo alto comisionado para la paz, Otty Patiño, a la mesa promete enderezar el rumbo de las negociaciones, y aguardamos que así sea. Sin embargo, además de la convicción de la paz para transformar el destino de los colombianos en medio de la convivencia armónica, la erradicación de la pobreza, la generación de equidad y aporte a la justicia social, que ha tenido en firme el actual Gobierno de Gustavo Petro y quienes hemos apoyado desde siempre esta búsqueda, necesitamos muestras de voluntad real por parte de los grupos.

Urge restituir la confianza de los colombianos en el proceso. Esto solo se dará en la medida que el ELN cese las hostilidades contra la población civil, libere secuestrados, y detenga la violación de los derechos humanos en los departamentos del Valle del Cauca, Norte de Santander y Arauca, así como en Nariño y Chocó, donde las comunidades sufren el azote de la violencia.

Los colombianos demandamos muestras y acciones humanitarias que confirmen el compromiso de las partes con la “Paz total”. Tenemos un proceso desteñido, que sin manifestaciones de voluntad se encuentra destinado al fracaso.

Comparte esta noticia:
Por José David Name Cardozo
Senador de la República
Partido de la U

El fenómeno delincuencial que ha proliferado en la capital del Atlántico y su Área Metropolitana es alarmante. El miedo de la ciudadanía se evidencia en cada barrio, en cada casa o apartamento del norte, centro, sur, oriente y occidente de la ciudad de Barranquilla y los municipios cercanos. Es un pánico generalizado producto del deterioro de la seguridad.

Casos de atracos, fleteos, homicidios y extorsión, están a la orden del día, sumando a diario nuevas víctimas de la criminalidad. Los aterradores hechos delincuenciales que se han presentado en los últimos meses en Barranquilla y Soledad, con masacres sangrientas o robos de película, dan cuenta de la escalada violenta que se viene presentando en el departamento, debido a la proliferación y el fortalecimiento de poderosas estructuras criminales como el Clan del Golfo y los Rastrojos Costeños.

De acuerdo con Indepaz, en lo corrido del 2023 se han registrado 9 masacres en el departamento del Atlántico, de las cuales 5 han ocurrido en Soledad, 2 en Barranquilla, 1 en Puerto Colombia y 1 en Malambo. Según Medicina Legal, en lo que va del año el municipio de Soledad registra 178 homicidios, Malambo 64, Puerto Colombia 11 y Barranquilla con 321 casos. Cifras escalofriantes producto de la propagación de la delincuencia común, el auge del fenómeno de extorsión, y la expansión de las bandas criminales, que constantemente se encuentran en disputa por el territorio para el hurto y el tráfico de estupefacientes.

La falta de políticas sociales efectivas han multiplicado los problemas de violencia, microtráfico y hurto. Más allá de un fenómeno de coyuntura, este es un profundo problema derivado de la desatención de las necesidades básicas de la población en términos de servicios públicos, vivienda, salud, educación, empleo, ordenamiento territorial, protección a la tercera edad y a la primera infancia.

Pese a los esfuerzos de las autoridades locales, lo único contundente es que la seguridad se salió de las manos y esa es una situación onerosa que no puede mantenerse en el tiempo y frente a la cual tenemos que reaccionar todos para rodear a las autoridades, denunciar al delincuente y contribuir con la Fuerza Pública a la captura de quienes quieren hacer de nuestra ciudad el refugio impune de sus fechorías. En este punto, resulta pertinente que se multipliquen los esfuerzos para que la inoperante judicialización de los criminales no anule la lucha de la Fuerza Pública en procura de su captura.

El panorama a la fecha, la situación de inseguridad de Barranquilla y su Área Metropolitana, así como en otras zonas del Atlántico, requiere el más profundo compromiso institucional y la inmediata intervención del ejecutivo bajo su dirección. La lucha contra la criminalidad y el incremento de homicidios tiene que ser más fuerte, necesitamos que el gobierno Nacional entre a ejecutar una intervención contundente en los territorios. Por su parte, la Gobernación, Alcaldía, Fuerza Pública y Fiscalía, tienen que seguir multiplicando esfuerzos para evitar que el departamento se siga desangrando y saliendo de las vías por culpa de los violentos y los irresponsables. En mi caso estoy dispuesto a brindar mi concurso, el que sea necesario, para ayudar en ese propósito. Máxime ahora que comienza la temporada de fin de año, que debe ofrecer las mayores garantías para la seguridad ciudadana.

Es urgente que se le pueda garantizar a la ciudadanía afectada y en estado de pánico, su tránsito por las calles a pie o en vehículos en desarrollo de actividades personales y profesionales. No se nos puede volver paisaje o una rutina urbana, la inseguridad que ha invadido al Atlántico. En el caso de la región Caribe, este flagelo viene escalando a grandes pasos, afectando la integridad y la vida de los ciudadanos, quienes reclaman el restablecimiento del orden y el retorno de la tranquilidad.

Comparte esta noticia:
Hernando Diaz Nájera – Director y Productor de Audiovisuales

Documentándome para mi película “Cuando la tierra llama”, en mi recorrido por La Guajira he disfrutado nuevamente de esos hermosos paisajes que durante tantos años por mis estudios fuera de mi amado departamento añoré, enfrentándome día a día a la gris jungla de concreto de la helada ciudad de Bogotá y otros sitios más de la geografía colombiana en los que viví posterior a esa etapa de mi vida.

Sin embargo, ninguna otra historia me llamó tanto la atención como la de la abogada DEBORA ELENA BARROS FINCE, quien posee una fuerza vital y amor por sus raíces tan fuertes que cualquiera que sea tocado por ella siente lo que es la verdadera pasión por su gente y sus raíces.

Sus Inicios

Nacida y criada en Bahía Portete, en la Alta Guajira, perteneciente al clan Wayúu (Eiruku) Uriana,  crece bajo el cuidado de su tía Margot aprendiendo las artes y tradición de su cultura con ese don de gentes que la caracteriza y preocupada por el bien y los derechos de su pueblo, decide estudiar Derecho en la universidad Libre, de la cual es egresada.

Título que la llevó a servir, recién graduada en el año 2004 como Inspectora de Policía del Municipio de Uribia, el cual ejerce con la firme convicción de hacer carrera para traer bienestar a su gente; pero el destino la llevó a enfrentarse a una de las masacres más crueles ocurridas en este país del Sagrado Corazón de Jesús, el 18 de abril de 2004, por encima de sus peticiones y avisos ante la inminente presencia y amenazas de paramilitares, esta hermosa tierra se tiñó de sangre a manos de casi 200 hombres enviados por Jorge 40 con la intención de borrar a su amada Portete de la faz de la tierra.

“Ese día, perdí a 5 mujeres de mi familia, entre ellas a mi tía que me crio como si fuera su propia madre, y 42 personas más de la comunidad, 12 cuerpos quedaron en el pueblo, y 33 más fueron desaparecidos, sin saberse aún donde yacen.”

Expresa con mucho dolor Barros Fince
Débora Barros, víctima de la masacre en Bahía Portete

Huyendo

Como resultado, 320 familias conformadas por más de 1.000 personas que conformaban esta comunidad wayuu fue desplazada por los paramilitares a Venezuela, donde trabajaron en casas de familia y lavando carros para poder sobrevivir.

En su casa de infancia quedan las huellas de aquella noche de 2004

Tras una corta estadía en el vecino país, y desesperada por clamar justicia se llenó de valor y a pesar de las amenazas, regresó al departamento, Débora Barros Fince comenzó una nueva lucha por su gente, se convirtió en la Vocera y lideresa de las víctimas de la masacre de la comunidad de Bahía Portete, lucha que ha elevado hasta las últimas instancias de autoridades internacionales.

La lucha por su pueblo

  • Se ha convertido en Defensora de los derechos humanos de las mujeres víctimas, delito por desplazamiento forzado, amenazas, torturas, violencia Sexual, secuestros y desaparición entre otros (2004).
  • Fundadora de la organización WAYUUMUNSURAT – Mujeres tejiendo Paz (2005)
  • Defensora de los pueblos Indígenas en Colombia, la igualdad de género y especialmente los derechos de las víctimas del conflicto armado.

Su lucha la llevó a especializarse en Derecho Civil procesal, Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, Magister en Promoción y protección de derechos Humanos en la Universidad del Magdalena, lo que la llevó a desempeñarse en diferentes cargos como:

  • Representante en el Comité Ejecutivo, la máxima Instancia de participación que tienen las víctimas en Colombia, en el marco de la ley de Víctimas (2012 – 2013)
  • Formó parte de la primera delegación de víctimas en la mesa de diálogo por la paz en la Habana – Cuba (2015)
  • Directora de la organización WAYUUMUNSURAT – Mujeres tejiendo Paz (2015)
  • Gestora de 238 indemnizaciones administrativas a igual número de personas de la comunidad Bahía Portete por parte de la Unidad para la atención y Reparación Integral a las víctimas (2015)
  • Participe en la firma en el quinto punto de acuerdos sobre víctimas (2016)
  • Asesora de despacho de la Gobernación de La Guajira en ternas de paz y postconflicto (2016).
  • Secretaria de Gobierno departamental de La Guajira (2016 – 2017)
  • Gobernadora Encargada (2016)
  • Gestora de 490 indemnizaciones por reparación moral a la comunidad de Bahía Portete por parte del Estado Colombiano, rectificado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en 2017 y efectiva la reparación siendo un logro histórico para las víctimas del postconflicto armado (2019).
  • Coordinador técnico y administrativo de la primera Infancia (2020 – 2021)

“Me gustó el perfil. Primero porque es wayuu, porque es mujer, fue víctima de la violencia y tiene todo el contexto sobre las políticas del posconflicto, un proceso en el que La Guajira deberá estar preparada”.

Jorge Enrique Velez al nombrar a Debora Barros como Gobernadora

Así que luego de este largo trayecto a Debora Elena Barros Fince no la para nadie, ni siquiera el atentado del que fue víctima en el año 2019.  Sus aspiraciones y amor por el departamento son tan resistentes como el pueblo al que pertenece.  En lugar de retirarse, le imprimió más fuerza a su lucha para lo cual ha ido escalando en sus aspiraciones

Incursión en la Política

Pero el toro no lo domas si no lo tomas por los cuernos, en los últimos años Barros luchó incansablemente para ver en el poder a los candidatos que creía podrían luchar por el bien de su comunidad, contiendas que solo le dejaron agotamiento y un reproche de su propia gente quienes le dieron un ultimátum: “Si tu no eres la que se lanza la próxima vez, por acá no verás a nadie apoyándote, nosotros solo confiamos en ti, en nadie más”.

Ante esta declaración, en concilio con toda su familia, conocidos, seguidores y colaboradores, se dio cuenta que al fin había dado con el líder perfecto para su causa: DEBORA ELENA BARROS FINCE. Se acabaron las esperas de cumplimiento de vanas promesas de los candidatos a los que tanto les aportó para el bien de todos, y decidió ingresar de lleno a la contienda electoral.

  • Para las elecciones nacionales de 2021, recibió el aval del partido conservador como candidata a la cámara de representantes, y aunque no logró la Curul, aportó suficiente cantidad de votos a su partido para sacar adelante la curul.
  • Actualmente aspira a un puesto en la Duma departamental, participando en el gran debate regional por el partido conservador con el número 52.  Desde donde aspira continuar con su lucha, la cual ha tenido reconocimiento a nivel mundial, por este departamento que tanto necesita dirigentes que le duelan.

Nos topamos en varias ocasiones en mi actividad y en su viaje de recorrido a lo largo y ancho del departamento documentando visitando comunidades, veredas, corregimientos, rancherías y ciudades a lo largo del departamento, lo que me abrió la puerta a muchas comunidades reacias a conversar con un Alijuna desconocido, y donde pude evidenciar una gran acogida entre la gente, quienes aceptan su discurso de: “Aquí no vengo a prometer cosas que no se van a cumplir, hay mucho por hacer, mi compromiso es con ustedes, en luchar y gestionar por su bienestar”.

Reunión con seguidores de la Tercera edad en Maiao

Cualquier oportunidad para conversar con un posible elector siempre fue bien aprovechada, así fuera para hablar a través de la reja

Los negocios familiares y emprendimientos son unos de los estándares de su trabajo social para generación de economía

Con perfil en mano, puerta a puerta, llevando su propuesta.

Cada sonrisa y gesto de aprobación de parte del ciudadano de a pie son combustible para la candidata.

“No solo acepto que me inviten, yo aporto así sea revolviendo la olla”, Debora

Ante la comunidad Wayuu

Uribia

Uribia

Compartiendo con la familia y otros candidatos del partido y Aliados, aqui no se manejan maquinarias, esto es un proyecto social

Familiares y Amigos, apoyando al 100%

Nadie de Bahía Portete, menos su propia familia deja de acompañarla, siempre están con ella

Caserío en Uribia

Miembro de la Comunidad Wayuu leyendo su perfil

Primero mi gente, y gracias por el apoyo

El apoyo entre candidatos del mismo partido siempre se huzo evidente en esta campaña

Reunión en Caserio de Uribia

Con las víctimas en Manaure

No solo los Wayuu apoyan a Barros Fince, en todos lados hay seguidores

Su presencia se nota en las reuniones, porque es una más de la comunidad a la que visita, no es el propio candidato que abraza viejitos y carga niños, es una persona de carne y hueso, pero que tiene una historia de vida que parece de película, porque soportar y salir adelante ante tanta adversidad, cambiar el odio por la paz, es algo que ninguna de las producciones baratas con las que pretenden competir las producciones colombianas que en Europa (90% de ellas me dan vergüenza) ha tenido en cuenta.  Una historia bien contada, una verdadera historia de superación y lucha, que espera su secuela, cuando por fin Portete vea retornar a la comunidad que sin merecerlo sufrió la suerte del judío errante.

Este 29 de Octubre Vota por la gente que le duele al departamento, no se logran hechos con palabras, se lucha hasta dejar la piel en el proceso.  Porque un buen dirigente no se hace con simples discursos, “necesitamos dirigentes cuyo don sea servir a La Guajira”.

Queremos aportar nuestro grano de arena a la historia del cine mundial y que de una vez y para siempre La Guajira aparezca en las enciclopedias cinematográficas, que nuestra estética, formas y contenidos sean palpables de una manera real ante la retina del mundo.

Comparte esta noticia:
Por José David Name Cardozo
Senador de la República
Partido de la U

La delicada situación económica que persiste en el país, exige la atención urgente por parte del Gobierno Nacional. Mejorar las proyecciones para este fin y comienzo de año debe convertirse en uno de los principales focos de la agenda económica gubernamental. Necesitamos nuevas medidas que nos permitan afrontar el impacto de la inflación, así como extinguir las posibilidades de una recesión.

El panorama económico actual muestra signos de agotamiento en los distintos sectores. Si bien en el último informe del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), la inflación en Colombia llegó al 10,99 % al comparar septiembre de 2023 y con el de 2022, completando un sexto mes consecutivo a la baja. Los aumentos en los precios de los alimentos, entre agosto y septiembre, se encuentran en un promedio del 0,74 %. Además, del fuerte jalonamiento que siguen causando las categorías de agua, electricidad y gas.

Por otro lado, los descensos en la industria y el comercio, mantienen sus saldos en rojo. Según el Dane, la producción de la industria manufacturera registró su sexto mes consecutivo de caída con un 8,6 %. El pasado mes agosto, las ventas del comercio minorista se redujeron en un 10 % en comparación con el mismo período del 2022. Persistentes tendencias que están impactando la dinámica productiva del país.

Los pronósticos del Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre la economía colombiana, aunque más alentadores, siguen siendo preocupantes. De acuerdo al FMI, este 2023 la inflación en Colombia terminaría en un 11.4%, ocasionando un fuerte aumento en los precios y disminuyendo la confianza económica de los colombianos, que ya se encuentra menguada. Según la Encuesta de Pulso Social para el trimestre abril – junio, el 53,9 % de los colombianos siente que la situación económica de su hogar comparada con la de hace 12 meses está peor o mucho peor, mientras que el 37,9% dice que está igual y apenas un 8,2% considera que le está yendo mucho mejor.

Bajo el actual escenario económico, resulta totalmente desafortunado e inconveniente que el Presidente Gustavo Petro coloque en riesgo las relaciones exteriores y comerciales con Israel, país que anunció hace unos días, la detención de las exportaciones de seguridad a Colombia. Es urgente menguar las preocupaciones y tensiones en materia política nacional e internacional, económica y tributaria, que han prosperado de manera contraproducente en el país.

El momento actual requiere más que nunca sensatez y claridad por parte de un Ejecutivo, que esté a la altura de la delicada coyuntura. Necesitamos un Gobierno que proteja e incentive el desarrollo económico en los sectores que tradicionalmente han sido jalonadores como el campo, la construcción, la industria y la infraestructura. Hay que impulsar planes que fomenten la inversión, el crecimiento de la economía y la generación de empleo.

No estamos para que se produzca más incertidumbre, se está impactando de manera dramática la economía nacional, por lo que necesitamos atraer inversiones y generar garantías. Proteger la economía es clave para mantener el desarrollo y dinamismo de la economía nacional.

Comparte esta noticia:
Por José David Name Cardozo
Senador de la República
Partido de la U

Para lograr la consolidación de modelos de movilidad y transporte sostenible en todo el territorio nacional, es fundamental incentivar la electrificación del transporte público urbano y el acceso individual a la movilidad eléctrica, a través de políticas públicas coherentes, y el desarrollo de una infraestructura adecuada. En este escenario, es preciso eliminar las barreras que obstaculizan y entorpecen el camino hacia la modernización del transporte en Colombia.

Al ser el sector transporte uno de los mayores consumidores de energéticos a nivel nacional con un 40%, del cual el 96% proviene de combustibles fósiles, su transformación resulta clave para lograr el cumplimiento de las metas de reducción de emisiones de CO2 y la electrificación sostenible de la economía colombiana. Privilegiar el uso de la electricidad en el transporte nos permitirá contar con una movilidad ecológica, eficiente, silenciosa y libre de combustibles fósiles.

De acuerdo con Andemos (Asociación Colombiana de Movilidad Sostenible), Colombia es uno de los países de la región que más volumen de matrículas anuales registra y uno de los que tiene mayor flota circulante con 10.000 vehículos totalmente eléctricos, más de 8.900 híbridos-eléctricos de todo tipo y más de 12.600 motocicletas eléctricas. Durante el pasado mes de septiembre, el segmento de vehículos híbridos y eléctricos experimentó un aumento del 22,7% en las matriculaciones. Datos que alienta sobre la buena dinámica y el futuro de este sector, que tiene una demanda creciente.

En materia legislativa se han presentado importantes avances como la Ley 1964 de 2019, que establece esquemas de promoción para el uso de vehículos eléctricos y de cero emisiones a través de incentivos en parqueaderos, impuestos y pico y placa; y la Ley 2099 de 2021, que exime del pago de contribución a la energía destinada para la carga de vehículos eléctricos en estaciones públicas y sistema de transporte. Sin embargo, las modificaciones realizadas por el gobierno a las excepciones en aranceles a vehículos con estas tecnologías vienen entorpeciendo la migración de los colombianos a los vehículos eléctricos.

Aunque son importantes los avances que ha logrado el país, en la transición hacia la movilidad eléctrica, todavía hay un largo camino por recorrer en este sentido. Son muchos los retos que tenemos por delante para lograr verdaderos avances, entre ellos: derribar los paradigmas; conseguir la movilización del sector transporte, la industria y los gobiernos locales; integrar la sostenibilidad a las infraestructuras urbanas; desarrollar infraestructura eléctrica de recarga pública con suficientes estaciones; lograr la revitalización del modo férreo; mantener estabilidad normativa, por mencionar solo algunos.

Si queremos que la industria de la movilidad eléctrica nacional siga en su senda de crecimiento, es imprescindible continuar avanzando en una regulación clara y definida que fomente los cambios en el consumidor. Impulsar nuevas políticas públicas a nivel territorial será clave para la electrificación del transporte público urbano en las principales ciudades e impulsar la electromovilidad a nivel individual.

Darle a la movilidad sostenible el despegue que merece, es una tarea que se debe acelerar en el país si queremos obtener resultados significativos en la mitigación de los efectos del cambio climático, y avanzar en la transición energética.

Comparte esta noticia:
Por José David Name Cardozo
Senador de la República
Partido de la U

Con el flujo de migrantes en la frontera entre Colombia y Panamá disparado en más de un 50%, durante el último mes, se agudiza la crisis humanitaria y de desplazamiento que se viene presentando desde hace varios años en la selva del Darién. Una problemática que debe ser afrontada de manera unánime, bajo una agenda coordinada entre países.

El drama humanitario desatado en medio de la crisis migratoria, sin precedentes, que se vive en los países de la región, aumenta con el paso del tiempo. En el caso de la frontera entre Colombia y Panamá, en lo que va de este año más de 330.000 personas han cruzado el tapón del Darién, según datos de la ONU. De acuerdo a los registros entregados por el Servicio Nacional de Fronteras de Panamá, solo en el mes de agosto cruzaron 79.455 migrantes, de los cuales 18.184 eran menores de 18 años.

Es el desespero de miles de familias por un “mejor futuro” y la imposibilidad de cruzar de manera legal a los Estados Unidos, lo que los lleva al temido tapón del Darién, un intransitable bloque vegetal selvático de casi 600.000 hectáreas que se encuentra en la frontera entre Colombia y Panamá, por el que diariamente se aventuran miles de personas. En esta travesía, los niños y niñas son las principales víctimas de violaciones, abusos de derechos humanos y muerte, la quinta parte de las personas que cruzan la selva son menores de edad.

A la tragedia que ya cargan sobre sus hombros los migrantes, que en su mayoría vienen huyendo de la pobreza extrema o la agitación política de su país, hay que sumarle los altos riesgos a los que se exponen como la trata de personas, el tráfico de migrantes y sus delitos conexos. La población se encuentra a merced de las mafias que buscan sacar provecho de su condición de vulnerabilidad para someterla a toda clase de abusos. Mientras crece la xenofobia, delincuencia y miseria, se siguen perdiendo vidas de migrantes en tránsito. Ante esta dramática realidad es urgente crear una ruta segura entre Colombia y Panamá, así como la desarticulación de las estructuras criminales que operan en los municipios contra migrantes.

Desde todo punto es condenable el tráfico, la explotación y el abuso al que son sometidos miles de migrantes. Es obligación de todos, proteger sus derechos y su dignidad humana, añadir más sufrimiento a sus vidas es una infamia. Tenemos el deber moral de garantizarles condiciones dignas durante su estancia en el país y buscar soluciones de fondo que logren mitigar el drama de estas familias.

Las ascendentes cifras de migrantes represados y sus deplorables condiciones demuestran que se está fallando en la atención de esta crisis migratoria en el continente. Las acciones realizadas al día de hoy han sido insuficientes, se requiere mayores esfuerzos y que la comunidad internacional volqué su mirada a los migrantes, que con desesperación claman por ayuda, mientras empeoran las precarias condiciones de vida y aumenta su vulnerabilidad. Necesitamos soluciones efectivas entre los gobiernos para evitar que se agudice la problemática, una mayor actuación por parte de la comunidad internacional y un esfuerzo internacional coordinado son los retos que se imponen en esta crisis.

Comparte esta noticia:

Quiere una fiesta temática para su hijo? llame ya a la linea de emergencias de los Payas…, digo Cuerpo de Bomberos de Riohacha que por una tarifa muy barata (eso no debe cubrir ni el 5% de costos de movilización de una unidad de Emergencias) te mandará a un equipo especializado de payas… perdón Animadores de fiestas altamente calificados.

Y que no se le olvide, según clientes agradecidos que recomiendan este servicio a la comunidad, esto es común en la costa, el cuerpo de bomberos en las fiestas de los niños.

Comparte esta noticia:
Hernando Diaz Nájera – Director y Productor

En la Guajira nos quieren robar hasta el Cine, solo nos quieren dejar la ventanilla de la taquilla para que paguemos por lo que otros hacen, pero la entrada como realizadores de cine la tenemos prohibida. 

En la columna pasada El cine colombiano en búsqueda de la identidad hablamos sobre las financiaciones al cine, que varias entidades del gobierno se encargan de fomentar y patrocinar la producción y realización de Audiovisuales en Colombia, entre ellas está el FDC (Fondo de Desarrollo Cinematográfico), que forma parte de PROIMÁGENES, entidad que reemplazó al desaparecido FOCINE.

Cuando hablábamos anteriormente que de alguna manera la financiación de FOCINE era una buena estrategia, nos referíamos a que como al productor lo que le prestaban debía devolverlo, se preocupaba por responder hasta por lo mínimo y sacar adelante proyectos que fueran rentables y para ello, al mismo tiempo propuestas que llamaran la atención al público en general. 

Señores de las Convocatorias

Desde la creación de PROIMAGENES, con la entrega de recursos que no hay que devolver, surgieron las mafias y los experimentos.  Ya no volvimos a gozar de productos que todos elogiáramos, y los que tanto esperaron su oportunidad, quedaron a la sombra y olvidados por los nuevos “Señores de las Convocatorias”

La Guajira no escapa a este fenómeno, de hecho, durante años, hemos sido robados por Espectros disfrazados como de seres de Luz embutidos en wayuco y manta que, abusando de nuestro atraso, se hacían pasar por realizadores del departamento, ganando las convocatorias y llevándose los recursos para sus sitios de origen, y para muestra un botón señor lector: ¿Que película Guajira realizada por guajiros Conoce? Y no me diga pájaros de verano, que esa no es de acá, productora colombiana, pero no guajira.

Por fin Orden en el Departamento

Imagen: Infobae

Por años, el desperdigado rebaño de realizadores guajiros se ha percatado y sufrido impotentemente estas irregularidades en silencio, y solo hasta el pasado 2022, con la elección del Consejo Cinematográfico de La Guajira, organismo que comenzó a normalizar todo el manejo del Séptimo arte en el departamento, poco a poco se han ido descubriendo estas y muchas otras anomalías más.  Ha sido un año en el que con asesoría y acompañamiento mismo de la DACMI (Dirección de Audiovisuales, Cine y Medios Interactivos) del ministerio de cultura, respaldo que ni siquiera el gobierno departamental se ha permitido dar, se ha recogido a todo ese grupo de personas que estaban en la sombra, se censaron, se capacitaron a muchos de ellos y se le dio un inicio de identidad unida a este grupo.

Imagen tomada de la Radio Nacional

En un departamento que carece de industria, con un cerrejón a punto de cerrar, salinas en huelga, artesanías compradas a veces a precios ridículos para luego ser vendidas a precios exorbitantes en el extranjero y un turismo dominado por foráneos más que todo.  El Arte es un medio que podemos explotar, atrae la mirada a nuestro territorio y vende al exterior.  ¿Les dije que genera empleos? Pues lo hace, pero eso será tema del próximo artículo.

En medio de este proceso, muchos guajiros (acá todo el que vive y lucha por este departamento, es guajiro, no importa donde haya nacido) participaron en la convocatoria del FDC 2023 (Fondo de Cine) de PROIMÁGENES, con el fin de lograr el anhelado premio a sus esfuerzos y poder tener recursos para sacar adelante su proyecto ya que entre todos los que hayan participado por lo menos 2 fijos debían quedar, porque cada región tiene una determinada cantidad de cupos, esto con el fin de que no se balancee demasiado el apoyo para un departamento y los demás queden sin apoyo. 

Al fin se vería el resultado del esfuerzo y trabajo de muchos años de los distintos agentes del sector audiovisual y cinematográfico en el territorio con la finalidad de que dichos agentes tuvieran las oportunidades de participar en las convocatorias que antes no lo hacían, la ilusión y la alegría de que por primera vez el departamento participaba oficialmente en estas convocatorias duró meses.

Un amargo despertar

Imagen de karlyukav en Freepik

Sin embargo, el pasado 15 de septiembre esa alegría se esfumó cuando salieron los resultados de los proyectos preseleccionados por el Fondo de Desarrollo Cinematográfico (FDC) y al buscar en el listado, nadie quedó; ¿Cómo? Nadie quedó.

Los proyectos preseleccionados fueron Juyá presentado por Óscar Alvarado González y Yonna presentado por María Camila Peraza Ortiz.  Personas que no residen en el territorio y que no han tenido que ver nunca con la lucha que se ha realizado durante años para organizar el sector y generar las oportunidades que ahora se tienen.

El FDC exige que los participantes deban nacer en el territorio y certifiquen 5 años de residencia en el departamento, pero ambos participantes no cumplen con los requisitos.

El señor Óscar Alvarado residen en el departamento del César, el director de la productora Marines Films con la que produce las películas de la cineasta Nina Marín (su esposa). Óscar Alvarado González ganó en el año 2018 la categoría de Relatos Regionales del FDC con el proyecto Antes de que llueva por el departamento del César. Además, en el año 2021 se inscribió para ser elegido como consejero de cine del departamento del César en representación de los productores. Esto debe ser razón para invalidar su participación. En el caso de la señora María Camila Peraza Ortiz, reside en Bogotá y pertenece a la productora El Muelle Films S.A.S establecida en esa misma ciudad. Ha participado en distintas convocatorias en representación de la productora.

Ambos casos infringen las normas del Fondo de Desarrollo Cinematográfico y a su vez le quitan la oportunidad a los realizadores que viven en el territorio y que han trabajado arduamente por la organización del sector para que se generen espacios como el TUP (Tengo Una Película) proceso de formación de PROIMÁGENES COLOMBIA, El BAM Regiones y el SANDBOX Audiovisual, proceso que recientemente culminó y del cual La Guajira tuvo la mayoría de participantes en la etapa final. Así como las distintas producciones que se han realizado en el territorio gracias al trabajo de los consejeros.

La gravedad del asunto es que esta situación atenta de manera injusta en contra de los derechos y las oportunidades del sector audiovisual y Cinematográfico en el territorio de La Guajira.

La categoría CORTOMETRAJES RELATOS REGIONALES se hizo con el objetivo de que nuevos realizadores de las regiones (en este caso La Guajira) tuvieran la oportunidad de contar las historias de su territorio.

Lo que han hecho ambos participantes seleccionados es un acto casi de mala fe contra el territorio de La Guajira porque intentan cosechar los frutos de un cultivo ajeno del cual no tuvieron nada que ver.

Inconformidad General

Imagen de Drazen Zigic en Freepik

La indignación de los realizadores del departamento se hizo sentir inmediatamente, no con una ola, sino un tsunami de protestas, quienes exigieron al Consejo de Cine y Artes Audiovisuales del departamento de La Guajira enviar un derecho de petición a Proimágenes Colombia para que sancionen y suspendan los proyectos y puedan otorgarles los cupos a los proyectos que, si hacen parte del sector en el territorio,

Otros no se conformaron con esto, el productor Sebastián Márquez Rangel, participante con el proyecto Coleccionistas, envió un derecho de petición exponiendo el caso y exigiendo la detención de la convocatoria para que se resuelva el caso.

Y no es para menos, a esto se le dedica estudio, tiempo, el alma y dinero que en la mayoría muchas ocasiones nunca hay, como para que al final en la Guajira nos quieran robar hasta el Cine.

Queremos aportar nuestro grano de arena a la historia del cine mundial y que de una vez y para siempre La Guajira aparezca en las enciclopedias cinematográficas, que nuestra estética, formas y contenidos sean palpables de una manera real ante la retina del mundo.