Este medio tuvo acceso a documentos que muestran que, bajo el sistema de tercerización de compras creado por Edwin Palma como interventor de Air-e, la empresa pagó millonarios sobrecostos por materiales esenciales para la operación de la compañía. Esta historia se relaciona con la adquisición de unos transformadores de energía incluidos en el polémico megacontrato de compras que las autoridades investigan.
Por: Sylvia Charry – Revista CAMBIO
TEXTO, FOTOS E INVESTIGACIÓN: Por: Sylvia Charry – Revista CAMBIO
Como en el célebre pasaje de la Biblia, en la empresa Air-e las órdenes de compra se multiplicaron. Entre tanto papel, como suele ocurrir en los escándalos de corrupción, muchas operaciones fraudulentas han pasado inadvertidas. En ese desorden administrativo –el ambiente propicio para ocultar–, los documentos se fragmentaron, se atomizaron y se traspapelaron, en un caos que puede ser simple ineficiencia pero que también aviva las sospechas de un sistema corrupto. Eso es lo que estaría pasando en esta distribuidora y comercializadora de energía, intervenida por el Gobierno de Gustavo Petro en octubre de 2024 y dirigida –entre octubre del 2024 y marzo del 2025– por el hoy ministro de Minas , Edwin Palma.
En todos los escándalos de corrupción el método que usan los involucrados para ocultar sus operaciones siempre es el mismo: desorden administrativo. Un entorno tan fragmentado, atomizado y confuso es el clima perfecto para que las operaciones fraudulentas pasen desapercibidas. Sin embargo, ese desorden administrativo también aviva las sospechas de que detrás hay un sistema corrupto. Eso es, justamente, lo que estaría pasando con la empresa de energía Air-e, intervenida por el Gobierno de Gustavo Petro en octubre de 2024 y dirigida –entre octubre de 2024 y marzo de 2025– por el hoy ministro de Minas, Edwin Palma.
En ese lapso, se hicieron varias jugadas sospechosas que han sido reveladas por este medio como nepotismo, cifras maquilladas y cuestionados pagos con los recursos públicos. Pero hay mucho más. Este domingo, CAMBIO revela una nueva historia relacionada con los sobrecostos en las compras que Palma realizó durante su intervención.
El desorden ha sido tan grande, que rastrear el destino de los recursos se ha convertido en una carrera maratónica. Sin embargo, este medio consiguió documentos como órdenes de compra y facturas, entre otros, que prueban que bajo el sistema de tercerización de compras –creado por Palma como interventor de Air-e–, se adquirieron con millonarios sobrecostos los materiales necesarios para la operación de la compañía que, antes de que pasara al control del estado, se compraban directamente a los fabricantes.
La compra de los transformadores de energía corresponde apenas a 2 de los 560 materiales que Palma contrató con el Consorcio Suministros Eléctricos de Colombia (SEC). Es decir, lo que CAMBIO descubrió podría ser solo la punta del iceberg. Ese polémico megacontrato de compras ha sido ampliamente cuestionado en medios de comunicación porque se le giraron millonarios anticipos para que pudiera cumplir con lo pactado.
Para entender el meollo, hay que volver al principio de la historia. El 26 de diciembre de 2024, durante la administración de Palma, se llevó a cabo una reunión clave en la presidencia de la compañía a la que asistieron –como lo reveló la revista _Semana_– el exsecretario general Diego Acosta, el periodista Gerardo Ochoa, y el jefe de Compras, Hernán Alberto Silva. Allí, aprobaron un “contrato marco para el suministro de materiales y equipos” con un “valor indefinido”. En la práctica, esto se conoce como una chequera abierta.
La tarea de buscar los proponentes quedó en manos de Silva quien, dos meses más tarde, el 6 de febrero de 2025, envió un correo interno ordenando invitar a tres empresas: Macro Integral Soluciones S.A.S., constituida apenas 24 horas antes de la convocatoria, Consultoría e Ingeniería Eléctrica CIE S.A.S., e Innova SG S.A.S. La convocatoria era una fachada para aparentar una supuesta pluralidad de oferentes, pues en realidad los registros mercantiles de las compañías revelan que estaban conectadas.
Los documentos empresariales muestran que una compañía llamada Croma (su nombre leído al revés) financió la constitución de Macro Integral. Los accionistas de Croma eran el propio jefe de compras, Hernán Silva, y su esposa, Sulay Gutiérrez. La empresa se relaciona con Innova. Antes de febrero de este año, Innova, que se llamaba Presalud S.A.S., registró operaciones de compra con la compañía de Silva y de su esposa. Pero hay más. La revisora fiscal de Croma, María Amparo David, terminó siendo la representante legal de Innova. Todas, pues, estaban entrelazadas.
El 10 de febrero de 2025, la empresa Consultoría e Ingeniería Eléctrica se unió a la recién creada Macro Integral para conformar el Consorcio Suministros Eléctricos de Colombia SEC, que 14 días después ganó el proceso, con la firma del propio Edwin Palma.
En resumen, una compañía recién creada con dinero de la sociedad de Silva y su esposa recibió el millonario contrato a través del consorcio.
El negocio era redondo. El consorcio SEC compraría los materiales que necesitaba Air-e para su operación y los vendería a un precio mucho mayor al que tenían cuando la comercializadora de energía los negociaba directamente con los fabricantes. No solo era eso. Air-e le daría la plata anticipada al consorcio para que los comprara y, así, pagando ‘chan con chan’ a los fabricantes, los precios le saldrían a precio de ganga. Sin embargo, eso no se vería reflejado en las ventas a Air-e. La comercializadora de energía se los compraría al consorcio a “_full price_”, incluso, a mayor valor de lo que los compraba en el pasado. Así lo prueban los documentos en poder de CAMBIO.
El chanchullo
El punto clave para entender por qué se compraron materiales con sobrecostos es el siguiente: antes de la intervención, Air-e compraba los materiales que necesitaba para la operación directamente a los fabricantes lo que –generalmente– garantizaba menores costos. Con la llegada de Palma, la lógica cambió y esas compras se tercerizaron. El entonces interventor entregó la chequera libre al consorcio para que este comprara a los fabricantes y luego le revendiera –los mismos materiales– a precios superiores. Un esquema que, a simple vista, carece de toda lógica.
El objetivo del contrato que Palma firmó con el consorcio SEC, en febrero de 2025, era que este último suministrara 590 materiales que se requieren con gran frecuencia en el desarrollo de la operación. Dentro de esos materiales se cuentan, por ejemplo, transformadores de energía, cables, crucetas, aisladores, cintas, alambres, entre otros. En esta nota nos enfocaremos en la compra de transformadores porque concentran la porción más alta del contrato.
Según la documentación que Air-e le entregó a la Fiscalía –que está indagando el contrato–, en solo tres meses (abril, mayo y junio) la comercializadora de energía le giró al consorcio SEC 23.000 millones de pesos para la compra de los materiales. En transformadores monofásicos de 50 KVA y de 75 KVA se gastaron más de 10.500 millones de pesos así: 3.326 millones en 259 de los de 50 KVA y 7.200 millones en 457 de los de 75 KVA. Es decir, por cada transformador de 50 KVA pagaron 12’844.000 y 15’645.000 por los de 75 KVA.
Las comercializadoras de energía suelen usar estos aparatos para ajustar el voltaje de la corriente y convertir los niveles de voltaje altos en bajos (o viceversa). Es decir, permiten que la energía pase en el voltaje adecuado a los hogares y locales comerciales, entre otros.
Los valores a los que Air-e compró al consorcio los transformadores mencionados quedaron en evidencia en órdenes de compra en poder de CAMBIO. La primera muestra, por ejemplo, que en abril de este año Air-e le compró al consorcio SEC 20 transformadores de 50 KVA por 12’844.000 la unidad; la segunda, que se compraron transformadores de 75 KVA por 15’645.000 la unidad.
¿De dónde vienen los sobrecostos?
CAMBIO hizo dos ejercicios para probar los sobrecostos. El primero fue contrastar el valor que pagó Air-e –intervendida– por los mencionados transformadores en comparación con lo que pagaba la compañía antes de su intervención. La diferencia es significativa, pero el mayor desfase mayor quedó al descubierto en el segundo ejercicio: este medio contactó directamente al fabricante de los equipos, que confirmó el precio al que los vendió al consorcio, el cual es muy inferior al que pagó Air-e por los mismos aparatos.
Vamos con el primer ejercicio. Según registros contables de la compañía, en abril del 2024 (cinco meses antes de la intervención) Air-e compraba los transformadores de 50 KVA al fabricante Rymel ingeniería Electrica S.A.S. por 8’400.000 la unidad. Es decir, 4 ‘444.000 por debajo del precio que Air-e pagó al consorcio, como lo demuestra una de las facturas en poder de este medio.
El segundo ejercicio es acaso el más llamativo. CAMBIO se contactó con fuentes de la empresa Rymel –uno de los proveedores de los transformadores– que confirmaron los valores por los que le vendió al consorcio SEC los aparatos. Según las versiones, los equipos le fueron vendidos al consorcio a un precio mucho más bajo porque el negocio lo pagaban al contado. Cada transformador de 50 KVA se lo vendieron por 7’800.000, y cada transformador de 75 KVA por 9’800.000. Los mismos transformados que el consorcio vendió después a Air-e por 12’844.000 y 15’645.000, respectivamente. Un sobrecosto de más del 60 por ciento.
La compañía compró 259 unidades de 50 KVA y 457 unidades de 75 KVA, lo cual supone una millonaria pérdida de recursos en la compra total. Air-e le pagó al consorcio más de 3.326 millones de pesos por los transformadores de 50 KVA y 7.232 millones por los de 75 KVA, 4.000 millones más –en las dos compras– de lo que hubiera pagado de haberlos adquirido directamente con el fabricante.
Pocas compañías en Colombia tienen la fortuna de recibir anticipos millonarios para comprar materiales y luego revenderlos a una empresa intervenida por el Estado a un precio mayor. Un privilegio que sí tuvo el consorcio SEC: compró de contado a los fabricantes, obtuvo precios de ganga y revendió a Air-e con sobrecostos de más del 60 por ciento. La diferencia —miles de millones de pesos— no fortaleció la red eléctrica del Caribe ni alivió la factura de los usuarios: quedó en los bolsillos de particulares amparados por un sistema diseñado, al parecer, para enriquecerse con recursos públicos.
CAMBIO buscó a Edwin Palma para que diera las explicaciones pertinentes. La respuesta fue desconcertante. El hoy ministro aseguró que él no autorizó la compra de los transformadores porque se fue de Air-e el 4 de marzo de 2025. Es decir, que no es su responsabilidad que su sucesora, Diana Bustamante, lo hubiera hecho.
“Usted no tiene el propósito de informar con la verdad sino de manipular la opinión pública. Su perfil de X dice que usted es “sólo hechos” y el hecho concreto es que yo me fui de Air-e el 4 de marzo de 2025. Hasta ahí no hubo una sola compra que yo haya autorizado. Lo demás que usted construya es su verdad, pero no es la verdad objetiva. Espero que ponga exactamente este aparte como lo he escrito, porque así no fue la vez pasada, y pues no quiero tener que pedir rectificar”, dijo.
Olvida el ministro que, antes de irse, dejó firmado el contrato con el consorcio SEC, que fijaba costos incluso mucho más altos que los que terminó comprando su sucesora Bustamante quien, a su llegada, hizo un otrosí en el que se redujeron esos valores. Palma había contratado los transformadores de 50 KVA de Rymel por 14’936.055 pesos y los de 73 KVA de Rymel por 17’642.106 pesos. Así se ve en el contrato.
Así, el ministro saca baratas las cuentas de los sobrecostos hechas por este medio. Tampoco es aceptable que el funcionario responda que él contrató unos materiales, con unos valores elevados, pero que no es su responsabilidad que se hayan comprado.
CAMBIO también buscó al actual interventor de la compañía, Nelson Vásquez, pero no respondió los mensajes. Sin embargo, es un hecho que, a su llegada a la empresa, suspendió el modelo de compras tercerizado y volvió a comprar los materiales directamente con los fabricantes. Los líos de Air-e no son nuevos y los que han pagado –históricamente– los platos rotos han sido los más vulnerables. Sin embargo, hoy es el Gobierno de Gustavo Petro el que debe responder por el manejo de la compañía.
