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Por José David Name Cardozo
Senador de la República
Partido de la U

Senador José David Name

La semana pasada, el país se vio sorprendido con la transmisión de un Consejo de Ministros rocambolesco que aumentó las preocupaciones en torno al liderazgo del Gobierno y confirmó la carencia de un norte claro. Entre las barbaridades que durante seis horas escuchamos, causó especial controversia, la arbitraria solicitud del presidente Gustavo Petro de vender la operación de fracking de Ecopetrol en Estados Unidos, sin siquiera contemplar los efectos, que tendría para la compañía y las finanzas públicas de la Nación esta improvisada medida.

La satanización de este gobierno a los hidrocarburos ha llevado no solo a un declive del sector, en el que sigue sin firmarse nuevos contratos de exploración y explotación, mientras la producción cae, la importación aumenta y los precios se disparan, sino que también ha influido de manera negativa y sesgada en decisiones de la junta directiva de Ecopetrol. Poco a poco la ideología radical ha tomado asientos en la mesa de la petrolera, interfiriendo en decisiones fundamentales y estratégicas. Rogamos porque este no sea un nuevo caso.

La manzana de la discordia vuelve a ser el negocio del fracking que se renovó con la alianza entre Ecopetrol y Occidental Petroleum (OXY) para continuar con la exploración y perforación de nuevos pozos en la cuenca del Pérmico, ubicada entre los estados de Texas y Nuevo México. Un acuerdo estratégico, con una inversión que supera los 880 millones de dólares, que prevé la perforación de 34 pozos en 2025 y 2026, y la proyección de más de 100.000 barriles diarios de petróleo, equivalentes al 13% de la producción de la empresa. Planes más que necesarios para mantener a flote a la estatal colombiana.

Inmediatamente, la orden de Petro causó un impacto en las acciones de Ecopetrol que se desplomaron en la bolsa de Nueva York, más de un 2%, y en la de Colombia, cerca de un 3%. Este nuevo arrebato contra los negocios de la petrolera nos recuerda la rebaja de calificación de las acciones, que sufrió el año pasado, por parte de JP Morgan, después de que se diera un reverzaso en nuevas negociaciones con OXY, en las que la estatal colombiana tenía prevista una inversión de 3.600 millones de dólares para el desarrollo de fracking en Estados Unidos.

En definitiva, esta sería una venta que ocasionaría una reducción significativa de las reservas de Ecopetrol, una afectación directa a la autosuficiencia energética del país. Además de los efectos financieros que tendría para la petrolera prescindir de las operaciones en la cuenca que más le representa en producción, las millonarias multas que tendría que asumir, estimadas por encima de los 400 millones de dólares y la desvalorización de la compañía, hay que tener en cuenta el riesgo que significa este movimiento para la transición energética de Colombia.

Estas órdenes improvisadas, que se dan desde presidencia, afectan a la compañía e intensifican la crisis de confianza en la que se encuentra sumida por la falta de estrategia y visión clara. El gobierno corporativo de Ecopetrol debe salir a demostrar que es independiente y objetivo, no un doblegado que permite la intromisión de un ejecutivo que sin miramientos atenta contra los intereses de la compañía y el país.