La Corte Constitucional cumplió con la realización de la audiencia pública, para analizar el trámite jurídico, de algunas demandas presentadas por el departamento de Antioquia y otros entes territoriales que han solicitado, se declare la inaccesibilidad del numeral 2º del artículo 32 de la Ley 2294 de 2023 que da vida a las polémicas áreas de protección para la producción de alimentos APPA.
El gobernador de Antioquia, Andrés Rendón, se ha convertido en adalid para defender la autonomía territorial en Colombia, y se dejen en claro las competencias para el uso de la tierra que, tienen las regiones en este país.
Las APPA, han sido presentadas por el gobierno nacional, como arma ideal para proteger la producción de alimentos, y evitar que se vaya perdiendo su uso, dejando atrás su vocación agropecuaria.
Pero, la declaratoria de casi 80 mil hectáreas como Áreas de Protección para la Producción de Alimentos –APPA- en el sur de La Guajira, solo parecen servir hasta el momento, como un logro histórico, que se vende con buenos titulares de prensa. Solo eso. No hay un soporte técnico que, garantice la inversión de recursos para apoyar a los agricultores.
Un ejemplo claro, es que en el presupuesto general de la Nación no existe un rubro que defina la inversión para invertir en la construcción de los distritos de riego para poder entregar agua para que nazcan los cultivos de productos para la sostenibilidad de nuestra población.
Indiscutiblemente, la medida que tiene cosas buenas, llegó de forma improvisada, con inmensos vacíos, y un alto grado de desconfianza por parte de las comunidades y autoridades locales, porque sus políticas han sido dinámicas y se han modificado sobre la marcha, sin suficiente socialización y con advertencias de la Procuraduría sobre la falta de claridad jurídica.
Lo que parece bueno, es que se insiste en que las APPA no afectan la propiedad privada ni frenan proyectos en curso. Pero lo cierto es que la modificación temprana de la resolución original revela que la planeación fue deficiente y que los criterios técnicos aún no están consolidados.
Un 45% del suelo guajiro es semi desértico, y el restante tiene alta vocación agrícola y debe preservarse de la especulación, del crecimiento urbano desordenado y de la presión de proyectos extractivos ilegal y de aquellos legales, que no tengan claras políticas de preservación de nuestro medio ambiente.
Lo grave, y hasta el momento es lo que percibimos, es que este programa de protección, sea un simple titular de prensa, porque no tiene garantías necesarias para que los titulares de la tierra, puedan producir alimentos. La corte deberá tomar decisiones sabias para evitar eliminar las cosas buenas, y exigir garantías reales para que el campesino pueda producir.