Los derechos políticos son derechos humanos de importancia fundamental dentro del sistema interamericano, en la medida que se relacionan estrechamente con otros derechos consagrados en la Convención Americana, como la libertad de expresión, la libertad de reunión y la libertad de asociación; los cuales, en conjunto, hacen posible la materialización de la democracia y el pluralismo político.
Bajo esos preceptos normativos, la Sección Segunda, Subsección A, Sala de lo Contencioso Administrativo, y con ponencia del magistrado Jorge Iván Duque Gutiérrez, revocó la sanción disciplinaria impuesta por la PGN, al exgobernador de La Guajira, Juan Francisco Gómez Cerchar, a tiempo que se ordenó borrar de su hoja de vida todos los antecedentes disciplinarios, y pidió que se restablezcan los salariales dejados de percibir por el entonces mandatario territorial.
Este es el mismo criterio aplicado con el caso del actual presidente Gustavo Petro Urrego, cuando fue sancionado disciplinariamente en el momento en que ejercía como alcalde de Bogotá, por el famoso caso del contrato del manejo de residuos sólidos. Igualmente, acaba de ocurrir con el exalcalde de Riohacha, José Ramiro Bermúdez Cotes, a quien también un fallo, obligó a revocar la sanción aplicada por la Procuraduría General de la Nación.
De acuerdo al fallo, en el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos
consagra diversas normas que se refieren a los derechos de la persona como ciudadano, esto es: como titular del proceso de toma de decisiones en los asuntos públicos; como elector, a través del voto; o como servidor público, es decir, a ser elegido popularmente o mediante designación o nombramiento para ocupar un cargo público.
Como se recordará Juan Francisco Gómez Cerchar, fue elegido gobernador de La Guajira, para el periodo 2012 -2015, que previa indagación preliminar del 17 de junio de 2013, de manera oficiosa, se
inició un proceso disciplinario por presuntas irregularidades presentadas en la
licitación pública para el servicio de vigilancia del departamento, el cual culminó con
la sanción que hoy se demanda.
Mediante auto del 18 de noviembre de 2016 fue admitida la demanda y notificada a
la entidad demandada, quien se opuso a la prosperidad de las pretensiones,
indicando que el ente disciplinario actuó acogiéndose a cada uno de los preceptos
legales que regulan el trámite disciplinario, así como que al demandante se le
garantizó el derecho al debido proceso.
Se celebró audiencia inicial el 19 de junio de 2018, en la que se fijó el litigio y, tras
agotar el período probatorio y dar traslado a las partes para que alegaran de
conclusión, se dictó sentencia, la cual fue apelada en el plazo oportuno por el
demandante.
SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN
El Tribunal Administrativo de La Guajira, mediante sentencia del 26 de febrero de
2020, negó las pretensiones de la demanda indicando que, con base en la
interpretación predominante que hace sobre la materia la Corte Constitucional, los
actos administrativos demandados no desconocieron el artículo 23.2 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, por cuanto la Procuraduría
General de la Nación es competente para imponer sanciones disciplinarias que
comporten restricciones a los derechos políticos de servidores públicos de elección
popular. Por último, condenó en costas a la parte demandante.
RECURSO DE APELACIÓN
La parte demandante interpuso recurso de apelación en el que expresó que si bien
la sentencia dio cumplimiento a las normas internas relativas a la competencia que
posee la Procuraduría General de la Nación para imponer sanciones disciplinarias
que comporten restricciones a los derechos políticos de servidores públicos de
elección popular, incumplió la Convención Americana sobre Derechos Humanos y,
por consiguiente, omitió el deber de realizar control difuso de convencionalidad y
desconoció los principios pacta sunt servanda y pro homine.
El abogado apoderado de Juan Francisco Gómez Cerchar, Roberto Daza, pidió que se declare la nulidad de la decisión disciplinaria del 12 de febrero de 2014, expedida por la Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal, por medio de la cual el demandante fue declarado responsable disciplinariamente en su condición de gobernador de La Guajira y se le impuso la sanción de destitución e
inhabilidad general por un término de 17 años; así como la nulidad de la decisión disciplinaria del 23 de abril de 2014, proferida por la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación, mediante la cual se confirmó la decisión de primera instancia y se sancionó al demandante con destitución e inhabilidad general por el término de 12 años.
Igualmente, solicitó que a título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene retirar del registro de antecedentes disciplinarios la anotación realizada en cumplimiento de la decisión disciplinaria; el pago de las sumas de dinero dejadas de recibir en su condición de gobernador, correspondientes a su salario mensual.
Fallo del Consejo de Estado
Primero. REVOCAR la sentencia proferida el veintiséis (26) de febrero de dos mil veinte (2020) por el Tribunal Administrativo de La Guajira, por medio de la cual se negaron las pretensiones de la demanda para, en su lugar, concederlas.
Segundo. DECLARAR la nulidad de la decisión disciplinaria del 12 de febrero de 2014, expedida por la Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal, por medio de la cual el demandante fue declarado responsable disciplinariamente en su condición de gobernador de La Guajira y se le impuso la sanción de destitución e inhabilidad general por un término de 17 años; así como la nulidad de
la decisión disciplinaria del 23 de abril de 2014, proferida por la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación, mediante la cual se confirmó la decisión de primera instancia y se sancionó al demandante con destitución e inhabilidad general por el término de 12 años.
Tercero. Como restablecimiento del derecho, ORDENAR a la Procuraduría General de la Nación que proceda con la eliminación en las bases de datos del registro de la sanción impuesta al demandante, al quedar desvirtuada su presunción de ilegalidad.
Cuarto. Como restablecimiento del derecho, ORDENAR a la Procuraduría General de la Nación reconocer y pagar al demandante el monto dinerario correspondiente al salario mensual (el cual está constituido por la asignación básica mensual y los gastos de representación) y demás emolumentos que debía recibir durante el período constitucional restante para el cual fue elegido, esto es, el comprendido
entre la fecha hasta la que efectivamente se desempeñó como gobernador y diciembre de 2015.
Teniendo en cuenta que en el expediente no está demostrado hasta cuándo el demandante se desempeñó efectivamente como gobernador, se deberá corroborar dicha información con la Gobernación de La Guajira, en atención al principio de colaboración.
Las sumas cuyo reconocimiento se ordena serán ajustadas de conformidad con la fórmula que se indicó en la parte motiva.
Quinto. Sin condena en costas en esta instancia.
Sexto. Reconocer personería al señor Jorge Humberto Serna Botero, identificado con la cédula de ciudadanía No. 71.685.322 y la tarjeta profesional No. 72.555 del Consejo Superior de la Judicatura, para que represente los intereses de la Procuraduría General de la Nación, en este asunto.
Séptimo. Devolver el expediente al tribunal de origen y realizar las anotaciones pertinentes en el aplicativo SAMAI.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
TEXTO DEL FALLO CONSEJO DE ESTADO