Trabajadores de una empresa tercerizada de Cerrejón, bloquean desde hace casi 9 días la red férrea, que permite el transporte de carbón e insumos, entre la Mina y Puerto Bolívar. Es el bloqueo número 152 en lo que va del 2025, que afectan 73 días laborales, los cuales se encuentran en 7 puntos de la línea férrea, kilómetros 15+030, 21+160, 43+600, 49+380, 101+700, 128+430 y 136+000, esto provoca pérdidas millonarias, no solo a la empresa, también genera efectos colaterales a las finanzas de los entes territoriales, departamento y municipios, que mermaran sus recaudas en regalías.
El año pasado fueron 333, bloqueos según lo certifica la empresa. Está vez, no son las comunidades, docentes, trabajadores de la salud, transportadores, ni nada por el estilo. El turno le ha correspondido a una empresa de vigilancia vinculada al sector minero.
La empresa minera parece atrapada por las continuas protestas, muchas de ellas, nada tienen que ver con las actividades propias de Cerrejón, lo cierto es que estos hechos son repetitivos, afectando seriamente la confiabilidad de las exportaciones del mineral al exterior.
Da la impresión que se tratara de una avalancha de ataques, encadenados simultáneamente para anticipar tal vez, el retiro de la minera responsable de esta región
Es claro que, existe el derecho a la protesta, pero este no puede confundirse con el derecho a bloquear ni a sabotear la producción de una empresa, o cualquier entidad. El Estado a través de sus autoridades competentes deben intervenir con firmeza para restablecer el orden y garantizar que los conflictos laborales se tramiten por las vías legales, sin afectar a toda una región.
El departamento necesita diálogos, pero también responsabilidad. Bloquear el tren no es la solución. La comisión de dialogo departamental debe actuar, esa es una de sus funciones. Las arcas territoriales se debilitan y afectan de forma colateral la dinámica económica de esta región.
El hecho no es menor. Cada día de interrupción representa pérdidas millonarias, afecta los compromisos de exportación y debilita la confianza de los inversionistas en un sector que, pese a su larga trayectoria, sigue enfrentando tensiones entre los intereses empresariales, laborales y sociales. Pero más allá del impacto económico, preocupa la reiteración de los bloqueos como mecanismo de presión y protesta.
El conflicto, entre la empresa de vigilancia y sus trabajadores, gira en torno a incumplimientos contractuales, presuntas irregularidades en los pagos y la falta de garantías laborales. Sin embargo, es evidente que las vías de hecho se han vuelto una práctica común, muchas veces tolerada por la inacción de las autoridades. Mientras tanto, Cerrejón —aunque no es el empleador directo en este caso— termina siendo el epicentro de los reclamos y el blanco de las consecuencias.