El Consejo Directivo del Bienestar Familiar aprobó de manera unánime, con 10 votos a favor, la formalización laboral de 2.353 madres comunitarias en 141 municipios de 19 departamentos del país. Esta medida contempla una inversión de $6.143 millones para la vigencia de 2024 y recursos adicionales proyectados para 2025.
El abogado sanjuanero, Rodrigo Elías Daza Vega, terminó su proceso como director encargado de la seccional del Icbf en La Guajira, en donde en medio de una crisis por la serie de cambios fundamentales que se vienen aplicando en la entidad a nivel nacional, logró salir adelante, especialmente en sus labores de saneamiento de la entidad, de la serie de compromisos contraídos con los operadores externos en este territorio.
Al frente de la entidad en La Guajira, continuará Maybelline Badillo, una funcionaria de carrera, quien se encuentra encargada, tras la incapacidad que le entregaron a Daza Vega, quien fue sometido una cirugía ambulatoria hace un par de semanas.
Rodrigo Elías Daza, fue encargado de la regional, desde mediados de marzo pasado. El abogado sanjuanero continuará en Planeación Bogotá, de donde había sido comisionado a La Guajira, para cumplir con algunas funciones específicas, una de ellas fue el programa de Diálogo Genuino, cerrando con el encargo por casi 9 meses.
Contrato a madres comunitarias
El Consejo Directivo del Bienestar Familiar aprobó de manera unánime, con 10 votos a favor, la formalización laboral de 2.353 madres comunitarias en 141 municipios de 19 departamentos del país. Esta medida contempla una inversión de $6.143 millones para la vigencia de 2024 y recursos adicionales proyectados para 2025.
La decisión se toma cumpliendo los compromisos consignados en el artículo 137 del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 con las niñas, los niños, adolescentes, las madres y padres comunitarios, sus-tutos transitados y agentes educa-vos del país.
La ley indica que el Gobierno Nacional, el Ministerio del Trabajo, el Departamento Administrativo de la Función Pública y el ICBF desarrollarán instrumentos norma-vos para la formalización laboral, de manera progresiva y gradual, de las madres y padres comunitarios que se encuentren laborando en el servicio de Hogares Comunitarios de Bienestar.
La Vicepresidenta y Ministra de Igualdad, Francia, Elena Márquez Mina, afirmó que “con la decisión de hoy les cumplimos a las madres comunitarias y respondemos a lo consignado en el Plan Nacional de Desarrollo en la formalización progresiva y gradual de las madres comunitarias. Este es un paso hacia la justicia social y la dignificación de su labor. Hoy debo decirles gracias, gracias por el cuidado de la niñez de este país.”
Esta decisión garantiza la formalización a través de una planta temporal, sin perjuicio de la reforma laboral que continúa avanzando en el Congreso de la República. La decisión se convierte en un hito que reivindica los derechos laborales de miles de mujeres que han dedicado su vida al cuidado amoroso de la niñez y han jugado un papel crucial en el cuidado y desarrollo integral de la primera infancia en Colombia.
Por su parte la directora del Bienestar Familiar, Astrid Cáceres, sostuvo que la ampliación de la planta de personal del ICBF “refleja el compromiso del Estado con la equidad de género y el reconocimiento de la labor que desempeñan las madres comunitarias, fortaleciendo así el sistema de atención a la niñez en el país.”
A julio de 2024 en Colombia hay 40.469 mujeres y 109 hombres que se desempeñan como madres y padres comunitarias en 933 municipios, atendiendo a 454.531 niñas, niños y adolescentes. Cerca de 28 mil de ellas se graduaron como tecnólogas de SENA en distintas disciplinas.
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