El grito de las comunidades wayuu de La Ceibita Macedonia, se escuchón con fuerza en cada rincón de los fríos edificios de las ‘ias’ en Bogotá, hasta donde llegaron para impetrar una Acción Urgente, que permita recuperar parte de su territorio perdido por la construcción de la nueva cárcel de Riohacha, que de paso, según dicen los nativos, acabaron con los jagueyes, cementerios y ahora quieren implantar nueva autoridad tradicional, pese a que no tienen territorios en esa zona.
En la capital del país, elevaron denuncia en contra del alcalde del Distrito de Riohacha, Genaro Redondo Choles y su Secretario de Asuntos Indígenas, por la destrucción de los lugares sagrados como el cementerio ancestral, que según ellos, han sido intervenidos y profanados. Igualmente, demandan la pérdida de estos espacios, sumada al deterioro de la convivencia comunitaria, que ha generado una ruptura profunda en el tejido social y cultural, configurando un escenario de riesgo que podría derivar en un desplazamiento inducido asociado a la ejecución del proyecto carcelario.
Indígenas wayuu de la comunidad La Ceibita Macedonia emprendieron un viaje desde su territorio ancestral, ubicado en jurisdicción del Distrito de Riohacha, hasta la ciudad de Bogotá para radicar personalmente una Acción Urgente, junto con una denuncia penal disciplinaria, ante la Fiscalía y la Procuraduría General de la Nación. El traslado de los representantes wayuu hacia la capital fue motivado por la necesidad urgente de exigir la intervención inmediata del Estado colombiano ante lo que consideran un posible desplazamiento inducido causado por la construcción de la cárcel de mediana seguridad de dicha ciudad, obra que, señalan, avanza sin la debida consulta previa, libre e informada.
Graves afectaciones denunciadas
Según el documento radicado, la comunidad enfrenta afectaciones graves y crecientes en su territorio ancestral. Sus integrantes señalan que han sido confinados a un espacio reducido, que sus jagueyes y reservorios de agua —fuentes esenciales de vida en La Guajira— han sido destruidos, y qué lugares sagrados como el cementerio ancestral han sido intervenidos y profanados. La pérdida de estos espacios, sumada al deterioro de la convivencia comunitaria, ha generado una ruptura profunda en el tejido social y cultural, configurando un escenario de riesgo que podría derivar en un desplazamiento inducido asociado a la ejecución del proyecto carcelario.
La comunidad también denuncia irregularidades administrativas relacionadas con la imposición de una nueva autoridad tradicional sin respetar la designación legítima realizada en asamblea autónoma. Aseguran que desde la Alcaldía Distrital de Riohacha y su Secretaría de Asuntos Indígenas se habría promovido esta designación sin notificación ni consentimiento de la autoridad ancestral reconocida por la comunidad, vulnerando así su derecho propio, su autonomía y su libre determinación.
Una Acción Urgente
La solicitud elevada ante las entidades estatales se basa en la Constitución Política de Colombia, el Convenio 169 de la OIT y múltiples sentencias de la Corte Constitucional que ordenan la protección reforzada de los pueblos indígenas. Estas disposiciones establecen que la consulta previa constituye un derecho fundamental, que el territorio colectivo tiene una dimensión cultural indispensable para la existencia misma de los pueblos originarios y que, ninguna obra, proyecto o medida administrativa que pueda afectarlos puede ejecutarse sin su participación efectiva y sin el reconocimiento pleno de sus autoridades tradicionales. El documento enfatiza que el incumplimiento de estos deberes constitucionales no solo vulnera derechos fundamentales, sino que compromete la legitimidad de las decisiones adoptadas en el marco del proyecto carcelario.
Peticiones al Estado Colombiano
La comunidad solicita que el Ministerio del Interior envíe una comisión especializada, acompañada por la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, con el fin de verificar directamente en el territorio los impactos ambientales, sociales, culturales y espirituales ocasionados por la construcción de la cárcel. También piden la apertura de investigaciones penales y disciplinarias contra el alcalde de Riohacha y el secretario de Asuntos Indígenas, por los hechos descritos en la Acción Urgente.
De igual manera, exigen que la Alcaldía entregue los documentos oficiales que habrían soportado la designación de la autoridad tradicional impuesta y solicitan al Estado evaluar la posible reubicación de la comunidad si se confirma que enfrenta un desplazamiento inducido generado por el proyecto. La comunidad recuerda que el Estado colombiano es el responsable primario de garantizar la protección de los Derechos Humanos y de prevenir daños irreparables contra los pueblos étnicos. Subrayan que, en el caso de La Ceibita Macedonia, la omisión o actuación indebida de las instituciones no solo profundiza su vulnerabilidad, sino que amenaza su permanencia como pueblo indígena ancestral en su territorio