Los efectos colaterales de una emergencia económica comenzaron a roer los cimientos financieros del país. Por eso, la mañana de este domingo en el Caribe amaneció con un ruido distinto. No fue el viento salino ni el bullicio habitual de los mercados, sino el eco de una decisión política que se sintió desde las oficinas de las gobernaciones hasta los pasillos de los hospitales públicos. Varios gobernadores del país anunciaban que no aplicarían la ley de emergencia económica decretada por el Gobierno nacional.
En el Caribe, la noticia cayó como una ola larga, de esas que no golpean de inmediato, pero que terminan alterando toda la orilla. Aunque a la mayoria de departamentos caribeños, uno de los gobiernos de derecha, les cercenó el derecho de producir su propio licor, cigarrillos y les cerró las loterías, unas rentas propias, los gobernadores de este territorio, se han venido uniendo a este terremoto rebelde.
En departamentos históricamente dependientes de sus rentas propias, el anuncio encendió alarmas. Los ajustes tributarios incluidos en la emergencia tocaron fibras sensibles: impuestos al consumo que durante años han servido para sostener programas de salud, educación y deporte. En el Caribe, donde las finanzas públicas caminan siempre sobre el filo, cualquier cambio repentino se traduce en incertidumbre.
En La Guajira, el impacto fue inmediato en el discurso institucional. El gobierno departamental advirtió que la medida podría afectar la estabilidad fiscal y la planificación presupuestal de un territorio con profundas brechas sociales. No se trataba solo de números. Detrás de cada rubro están los contratos del hospital, los programas de alimentación escolar, las brigadas de agua potable que llegan a comunidades dispersas. La emergencia, vista desde Riohacha o desde la Alta Guajira, no parecía un concepto abstracto sino una variable que podía alterar la cotidianidad.
Mientras en Bogotá el debate se libraba en términos constitucionales, en el Caribe la discusión bajó a tierra. Comerciantes comenzaron a preguntarse por el impacto de nuevos impuestos en el consumo; alcaldes revisaron con cautela sus proyecciones; funcionarios hicieron cuentas para ajustar lo que, una vez más, parecía ajustable. El temor a un aumento del contrabando y a la informalidad volvió a aparecer en la conversación regional, una preocupación recurrente en zonas fronterizas como La Guajira.
La llamada “rebelión de gobernadores” se fue convirtiendo así en un relato de defensa territorial. Para algunos, era un acto de resistencia legítima frente al centralismo; para otros, una jugada política de alto riesgo. Lo cierto es que el pulso dejó al descubierto una vieja fractura: la distancia entre las decisiones que se toman en el centro del país y sus efectos reales en las regiones.
En el Caribe, y particularmente en La Guajira, la emergencia económica dejó un efecto colateral evidente: la sensación de fragilidad institucional. La confrontación entre Nación y territorios amenaza con ralentizar proyectos y tensionar una gobernanza que requiere coordinación, no choque.
Al final, mientras la Corte Constitucional tiene la última palabra, las regiones siguen esperando certezas. Porque en el Caribe las emergencias no son temporales, y cada decisión nacional, por excepcional que se declare, termina escribiendo su propia crónica en el territorio.