Por José David Name Cardozo
Senador de la República
Partido de la U
Este viernes 12 de septiembre se cumple un año de la intervención a la empresa Air-e por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, entidad que tomó posesión de los bienes, haberes y negocios de la empresa con el fin de enfrentar la crítica situación financiera. En este tiempo, es muy poco lo que se ha avanzado y mucho lo que se cuestiona sobre la intervención, que con presuntas irregularidades en contrataciones y el impago de las deudas ha prolongado la agonía de los generadores, proveedores y por supuesto los usuarios que temen un apagón.
Actualmente, Air-e acumula deudas por más de $1,5 billones con las generadoras, presenta incumplimientos de pago a contratistas locales y mantiene una frágil situación de liquidez que amenaza con desbordar la capacidad técnica y operativa en Atlántico, Magdalena y La Guajira. Se está repitiendo la misma pesadilla que vivimos con la intervención de Electricaribe, que le costó al país más de 13 billones de pesos, una cifra que con el escenario actual que presenta Air-e podría superar los $15 billones.
Ante este panorama, en la Comisión Quinta del Senado de la República propusimos la creación de una Comisión Accidental de Seguimiento a la Intervención de la Empresa Air-e, que será instalada hoy miércoles 10 de septiembre de 2025, con la participación de Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, el Ministerio de Minas y Energía y la empresa Air-e, quienes presentarán un informe actualizado y detallado sobre el estado de la intervención y la prestación del servicio eléctrico en la región Caribe. Con este mecanismo institucional buscamos garantizar el control político, transparencia en el proceso y soluciones efectivas para los más de dos millones de usuarios que se han visto afectados por el desmejoramiento del servicio.
La comisión accidental tiene como mandato claro: revisar periódicamente los avances y dificultades de la intervención, analizar los informes de la Superservicios y el Ministerio de Minas, y verificar la ejecución de los recursos públicos destinados a normalizar el servicio. También, deberá trasladar el debate a los territorios a través de audiencias públicas, de modo que las comunidades afectadas puedan expresar directamente sus demandas. Este diseño institucional, lejos de ser un trámite burocrático, abre la oportunidad de recuperar la confianza en la acción del Estado frente a una crisis que ya se ha prolongado demasiado.
Las alertas sobre el futuro eléctrico de la región no se detienen. Hace unos días, la Cámara Colombiana de la Energía advirtió acerca de los serios problemas de financiamiento de la empresa, que han deteriorado su relación con proveedores y contratistas, al punto de poner en riesgo la continuidad de inversiones esenciales. Los generadores, por su parte, rechazaron la propuesta de pago a diez años presentada por la compañía, al considerar que no resuelve el déficit de flujo de caja inmediato ni asegura la sostenibilidad del sector. Y mientras tanto, voces del propio gremio eléctrico sugieren alternativas como la participación de Gecelca en caso de una eventual liquidación, lo que demuestra la magnitud de la incertidumbre.
En este complejo escenario, la comisión del Senado debe convertirse en un espacio de articulación técnica y política. Su papel no es reemplazar a las autoridades regulatorias o de control, sino acompañar, exigir cuentas y visibilizar las verdaderas condiciones en las que se está ejecutando la intervención. De su capacidad para plantear cronogramas realistas, convocar a todos los actores —desde las generadoras hasta las comunidades energéticas— y proponer salidas financieramente viables…