Por José David Name Cardozo
Senador de la República
Partido de la U
Se venía advirtiendo desde hace tiempo acerca de las pésimas consecuencias que traería para el país suspender el cumplimiento de la regla fiscal para aumentar la deuda nacional. Sin embargo, ignorando toda lógica y desoyendo todo argumento de expertos economistas, el gobierno no dudó en romper la regla que limitaba los excesos en el gasto público, el endeudamiento y el déficit presupuestal, y hoy ya empezamos a padecer los efectos de una decisión que compromete la credibilidad macroeconómica de Colombia.
Como era de esperarse, la desconfianza en el manejo fiscal del país tomó fuerza y ahora estamos enfrentando serios impactos en la política monetaria y en la calificación crediticia del país. La semana pasada, apenas unos días después del anuncio del Gobierno, el país recibió la mala noticia que las dos calificadoras internacionales, Moody’s Ratings y Standard and Poor’s (S&P), rebajaron la calificación crediticia de Colombia, la primera degradó al país de Baa2 a Baa3 con perspectiva estable y la segunda redujo la calificación de la deuda soberana de largo plazo en moneda extranjera de BB+ a BB, con perspectiva negativa.
Ambas firmas coincidieron en que la suspensión de la regla fiscal y el débil desempeño económico fueron factores determinantes en su evaluación debido a la incertidumbre sobre la capacidad de ajuste de las finanzas públicas del país para los próximos años. Este cambio de nota es una de las primeras señales que se esperaban ante las decisiones que se han tomado, el primer campanazo sobre la sostenibilidad fiscal del país.
Ahora nos enfrentamos a un complejo panorama, en el que aumentará el costo de los préstamos, tanto a nivel nacional como internacional tendremos que pagar tasas de interés más altas para endeudarnos. Nos encontramos expuestos a la pérdida de credibilidad en los mercados internacionales, tendremos mayores dificultades para la llegada de inversión extranjera. Estaremos restringidos al acceso a recursos clave como la Línea de Crédito Flexible del FMI; en este contexto también preocupa una eventual exclusión de los TES del índice Global Aggregate por no cumplir con el requisito de grado de inversión que demanda la metodología. En definitiva, será un fuerte golpe a la economía colombiana que impactará las finanzas públicas y con ello la inversión y el desarrollo social.
Lo peor de todo es que el efecto dominó de esta rebaja impactará el costo de vida de las familias colombianas con un menor crecimiento económico, créditos más costosos, la posibilidad de un aumento en la inflación, disminución de la inversión pública, entre otras consecuencias directas. Así las cosas, los colombianos saldremos a pagar los platos rotos del mal manejo de la economía, con un eventual aumento de impuestos para mejorar los niveles de deuda.
La injustificada activación de la cláusula de escape pone en riesgo la sostenibilidad de las finanzas públicas en el mediano y largo plazo. Recuperar la confianza perdida no será fácil; se ha arriesgado la credibilidad que nos había permitido mantener, durante años, la confianza de los inversionistas. Pedimos al Gobierno que tenga prudencia fiscal. La actual situación del país es delicada, hay que evitar mayores desequilibrios fiscales que puedan comprometer la estabilidad económica y la capacidad del Estado para financiar sus compromisos futuros.