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El Ministerio Público aseguró que el programa de atención a niños de entre 0 y 5 años (UCA), ofrecido por el ICBF, está generando desigualdad a los niños Wayuu en cuanto al acceso efectivo de sus derechos y trato digno e igualitario
PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
La Procuraduría General de la Nación planteó recomendaciones clave a las entidades que conforman el Comité Intersectorial de La Guajira, para enfrentar la crisis de inatención estatal, falta de servicios públicos, inseguridad alimentaria y de salud que afecta principalmente a los niños y niñas wayuu.
Por disposición de la Corte Constitucional, la Procuraduría tiene la misión de hacer seguimiento al cumplimiento de la sentencia que ordenó resolver el Estado de Cosas Inconstitucionales frente a la protección especial de los derechos al agua, salud y alimentación para las comunidades indígenas Wayuu de los municipios de Riohacha, Manaure, Uribia y Maicao en La Guajira.
Durante su intervención en la décima sesión de esta comisión en Riohacha, el Procurador Delegado para la Gestión y Gobernanza Territorial (e), John Harvey Pinzón, explicó la posición del Ministerio Público frente a cada problemática y propuso acciones puntuales para avanzar en soluciones definitivas.
En primer lugar, se refirió al programa de atención a niños de entre 0 y 5 años (UCA), ofrecido por el ICBF, cuyo planteamiento errado está generando desigualdad de los niños Wayuu frente al resto de la población no étnica en cuanto al acceso y goce efectivo de sus derechos y al trato digno e igualitario.
Explicó que el diseño del programa no se adapta a la realidad del pueblo Wayuu, sino por el contrario, obliga a la comunidad a acoplarse a la forma como fue concebido, “cada unidad funciona con 20 niños, es decir que, si en una comunidad hay 30, 10 deben buscar cupo en otras UCA, lo que implica desplazarse largos trayectos expuestos a todo tipo de peligros”.
Frente a esta situación recordó que la oferta institucional debe garantizar de manera efectiva la participación de las comunidades Wayuu, el diálogo genuino con estas, y sobre todo la visión del enfoque étnico diferencial.
En cuanto al acceso al agua, Pinzón aseguró que persisten las dificultades por falta de claridad en las cifras y porcentaje de población beneficiada con los diferentes proyectos implementados (pozos profundos, micro acueductos, molinos, pilas públicas).
Recomendó que se especifique de manera clara y detallada el tipo de fuente y monto de financiación, no solo para la rehabilitación de infraestructura, sino también para la sostenibilidad de las soluciones en el mediano y largo plazo; que la comunidad conozca los proyectos y tenga claridad sobre los recursos asignados.
En cuanto a seguridad alimentaria y proyectos productivos, Pinzón aseguró que es clave una revisión de los pozos de abastecimiento de agua existentes y su optimización para suministro de agua potable, o al menos que se reactiven para recuperar los sistemas de riego para las huertas.
Finalmente, refirió que, en cuanto a salud, las principales problemáticas detectadas son la insuficiencia de equipos médicos que visiten las comunidades Wayuu y la inexistencia de atención prioritaria en algunas IPS para los pobladores de dicha etnia en la zona rural dispersa.
La recomendación en este punto al Gobierno Nacional fue avanzar de forma articulada con la gobernación y las alcaldías, en la ejecución del plan de acción provisional propuesto a la Corte Constitucional, “los equipos extramurales compuestos por profesionales de la salud que visitarán el territorio y las labores de búsqueda activa de pacientes deben ser permanentes”, aseguró el Delegado.