El asesinato de Iguarán expuso con crudeza la penetración de grupos armados ilegales en instituciones educativas y el colapso de prácticas democráticas dentro de Unicor. Representó un claro ejemplo de hasta qué punto se instrumentalizó el poder académico mediante alianzas con grupos violentos.
VERDAD ABIERTA
La noche del 10 de septiembre del 2000, quedó como una huella indeleble, de los que fueron los tiempos de horror que vivió la Universidad de Córdoba. La muerte del aspirante a la rectoría, el guajiro Hugo Alfonso Iguarán Cotes, fue un caso emblemático de violencia paramilitar que generó una investigación judicial importante, que muchos consideran que 25 años después hubo una impunidad parcial.
Fueron tiempos aciagos. Hugo Alfonso Iguarán, un profesional nacido en Manaure, La Guajira, Promotor de Boxeo y Manager del ‘Happy’ Lora, miembro de ASPU – Córdoba, estaba en la mira de los grupos armados. Había sido objeto de varios atentados, en uno de ellos, estuvo a punto de perder uno de sus brazos. Pese a las amenazas y ataques, se mantuvo firme en su decisión de seguir la lucha por Unicor.
Ese día recibió una invitación. La última que recibiría en su vida. No tuvo la malicia indígena para interpretar que era una trampa. La cita fue concertada para las horas de la noche en la residencia del rector electo de la Universidad de Córdoba, Víctor Hugo Hernández Pérez, Le habían ofrecido la vicerrectoría de la Universidad, ese fue el imán para atraerlo.
Cuando apenas iban a sentarse para dialogar, un grupo armado de las Autodefensas Unidas de Córdoba Irrumpió en la vivienda y le propinaron 20 disparos en diferentes partes del cuerpo, el profesor y lider universitario quedó muerto sin conocer cuál era el fondo real de la propuesta.
El propio Salvatore Mancuso, excomandante paramilitar, confesó ante la Justicia Transicional, que ordenó el homicidio alegando que Iguarán era “corrupto” o un infiltrado guerrillero, acusaciones que nunca fueron probadas.
En septiembre del 2010, un juez colombiano condenó a Víctor Hugo Hernández Pérez a 35 años de prisión por ser autor intelectual del homicidio, así como por concierto para delinquir con las AUC, según quedó registrado en Verdad Abierta. Com. Además, fueron cobijados por las medidas Víctor Alfonso Rojas Valencia, alias ‘Jawi’, y otros hombres vinculados al proceso recibieron una pena similar. La propia exdiectora del CTI en Monteria, Rosalba Rebeca Negrete Flórez, también fue acusada por concierto para delinquir por supuesta colaboración con Mancuso para facilitar impunidad a favor de los paramilitares.
Para la justicia colombiana no hubo impunidad total. Se expidieron sentencias condenatorias que se mantuvieron firmes contra los autores materiales y contra quienes planearon el asesinato. Aunque estuvo prófugo, inicialmente el exrector Hernández cumplió condena de 35 años. La Justicia Especial para la Paz (JEP) aceptó recientemente a Hernández Pérez como agente del Estado no integrante de la Fuerza Pública en 2023, esto también se ha interpretado como una oportunidad para esclarecer aún más el crimen y evitar que quede en una impunidad completa.