“Para el pueblo Wayúu, la consulta previa es la manera en que se dialoga, se construyen acuerdos y se respetan nuestros derechos. No se puede intervenir el territorio sin escucharnos”
La lideresa wayuu de la zona de El Pájaro, Mónica Barros, logró sostener un diálogo directo con el presidente Gustavo Petro durante su visita a Riohacha, en el que le expuso las preocupaciones de las comunidades frente al proyecto de regasificación que impulsa Transportadora de Gas Internacional (TGI), filial del Grupo Energía de Bogotá, y solicitó una revisión exhaustiva del proceso, especialmente en lo relacionado con la consulta previa.
Según relató Barros, el mandatario se comprometió a revisar toda la documentación relacionada con el proyecto y las respuestas emitidas por las diferentes entidades estatales.
“Reenvíame nuevamente la documentación y todas las respuestas que te han dado estas instituciones porque hay que averiguar qué es lo que está pasando”, le habría dicho Petro, luego de escuchar sus planteamientos.
La lideresa explicó que desde que se anunció la iniciativa han existido actuaciones que, a su juicio, constituyen atropellos contra las comunidades indígenas del área de influencia, incluyendo sobrevuelos con drones sin autorización y la intención de realizar modificaciones a la licencia ambiental vigente del complejo gasífero Ballena mediante la figura de “cambio menor”, mecanismo que, según denunció, evitaría la realización de una consulta previa formal.
“Para el pueblo Wayúu, la consulta previa es la manera en que se dialoga, se construyen acuerdos y se respetan nuestros derechos. No se puede intervenir el territorio sin escucharnos”, afirmó.
Barros cuestionó además declaraciones atribuidas a directivos de TGI, quienes habrían señalado que el proyecto ya había sido socializado con las comunidades, afirmación que rechazó categóricamente y frente a la cual anunció que solicitará rectificación formal.
Durante la conversación con el jefe de Estado, la lideresa también advirtió sobre posibles impactos ambientales y sociales de la regasificadora, especialmente para las comunidades pesqueras asentadas entre El Pájaro y Mayapo.
Señaló que la instalación del proyecto podría restringir la actividad pesquera debido al área de seguridad marítima que demandaría la operación, además de afectar ecosistemas estratégicos como los pastos marinos y reservorios de algas existentes en esa franja costera.
“Le dije al presidente que si se habla de desarrollo turístico con identidad wayuu, debe pensarse qué se le mostrará al visitante: si un territorio vivo o la presencia de un barco industrial que limite nuestras actividades tradicionales”, expresó.
Otro de los puntos abordados fue el tema de la llamada Línea Negra, frente al cual Barros pidió revisar su alcance territorial en jurisdicción de Manaure, argumentando que cualquier decisión debe respetar los límites ancestrales y la autonomía territorial del pueblo Wayúu.
La lideresa cuestionó además que los procesos de socialización y consulta se estén adelantando, según dijo, solo con algunos sectores, dejando por fuera a comunidades directamente afectadas.
Finalmente, lamentó no haber sido convocada formalmente al encuentro presidencial, pese a su papel como interlocutora histórica entre las comunidades, las empresas y el Gobierno Nacional, insistiendo en que su presencia buscaba exponer directamente “la inconformidad frente a un proyecto que puede representar una insignia empresarial, pero un detrimento para el pueblo Wayúu”.