El silencio empezó a sentirse antes de que cayera la noche. En los caminos polvorientos del norte de La Guajira, donde el viento suele llevar más rumores que certezas, esta vez la advertencia fue directa, cruda y sin rodeos: un video, difundido en redes sociales, anunció lo que muchos temían —un nuevo paro armado.
La voz, identificada como la de alias “Nain”, no dejó espacio para interpretaciones. El mensaje, fechado este 14 de abril de 2026, se dirigía a la opinión pública y a las Fuerzas Armadas, pero en realidad tenía un destinatario más amplio: toda la población civil.
El comunicado comienza con una aparente contradicción. El grupo asegura no estar en contra del Estado y declara su “compromiso con la paz”. Sin embargo, segundos después, el relato toma otro rumbo: denuncian la muerte de nueve de sus integrantes en un operativo armado, incluyendo hombres de su anillo de seguridad y otros en proceso de incorporación. Según su versión, varios de ellos no estaban armados y habrían sido “rematados”.
Ese hecho, aseguran, marca un punto de quiebre.
Desde entonces, el discurso se convierte en una justificación de su presencia en la media y alta Guajira. Afirman haber llegado por solicitud de comerciantes y pobladores cansados de la delincuencia: secuestros, robos y extorsiones. En ese argumento, construyen una narrativa peligrosa: la de un grupo ilegal que se presenta como garante de seguridad en territorios donde, según ellos, el Estado no ha logrado imponer control.
El punto más crítico del mensaje llega después
Sin matices, el grupo anuncia un paro armado de tres días, ordenando de facto la paralización de actividades en la región. La advertencia es directa: quienes no acaten podrían quedar en medio de la violencia que, según dicen, desatarán sin contemplaciones.
Las amenazas también tienen nombres propios. Señalan a presuntos actores criminales y anuncian una “guerra” contra estructuras específicas, en medio de un lenguaje cargado de violencia y retaliación. La expresión “limpieza” utilizada en el video revive episodios oscuros del conflicto armado en Colombia, donde ese término ha sido históricamente asociado a prácticas de exterminio y control territorial.
Mientras tanto, en municipios como Uribia y zonas cercanas, el impacto no tarda en sentirse. Comerciantes bajan las puertas, el transporte reduce su circulación y el miedo vuelve a instalarse como norma cotidiana. No es la primera vez que ocurre, pero cada anuncio de este tipo reabre heridas que nunca han terminado de cerrar.
Paradójicamente, el mismo grupo que declara respetar a la Fuerza Pública admite que su accionar implica una confrontación directa con otros actores armados, lo que convierte a la población civil en el eslabón más vulnerable de esta cadena de violencia.
En el fondo, el mensaje deja al descubierto una realidad más profunda: la persistencia de estructuras ilegales que disputan el control territorial en regiones históricamente golpeadas por el abandono estatal.
Hoy, una vez más, el norte de La Guajira enfrenta horas de incertidumbre. Las calles, que deberían estar llenas de vida, quedan a la expectativa. Y en el aire, más allá de las palabras del video, queda flotando una pregunta inquietante: ¿quién protege realmente a la población cuando la guerra se anuncia con fecha y hora?
