Una nueva tensión diplomática sacude las relaciones entre Colombia y Bolivia. El Gobierno boliviano del presidente Rodrigo Paz Pereira ordenó este 20 de mayo de 2026 la expulsión de la embajadora colombiana Elizabeth García Carrillo, declarándola además persona no grata en territorio boliviano.
La diplomática colombiana, perteneciente a la etnia arhuaca y nacida en la Sierra Nevada de Santa Marta, se desempeñaba como embajadora de Colombia en Bolivia desde octubre de 2022, cuando fue designada por el gobierno del presidente Gustavo Petro.
La diplomática colombiana, perteneciente a la etnia arhuaca y nacida en la Sierra Nevada de Santa Marta, se desempeñaba como embajadora de Colombia en Bolivia desde octubre de 2022, cuando fue designada por el gobierno del presidente Gustavo Petro.
La diplomática colombiana, perteneciente a la etnia arhuaca y nacida en la Sierra Nevada de Santa Marta, se desempeñaba como embajadora de Colombia en Bolivia desde octubre de 2022, cuando fue designada por el gobierno del presidente Gustavo Petro.
La diplomática colombiana, perteneciente a la etnia arhuaca y nacida en la Sierra Nevada de Santa Marta, se desempeñaba como embajadora de Colombia en Bolivia desde octubre de 2022, cuando fue designada por el gobierno del presidente Gustavo Petro.
La diplomática colombiana, perteneciente a la etnia arhuaca y nacida en la Sierra Nevada de Santa Marta, se desempeñaba como embajadora de Colombia en Bolivia desde octubre de 2022, cuando fue designada por el gobierno del presidente Gustavo Petro.
La decisión fue anunciada oficialmente por la Cancillería boliviana a través de un comunicado en el que se argumenta que la medida responde a las “constantes y reiteradas intromisiones” del presidente Petro en asuntos internos del Estado boliviano, particularmente frente a la situación política y judicial que enfrenta el expresidente Evo Morales.
Según el Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia, las declaraciones del mandatario colombiano habrían significado un respaldo a movimientos de protesta y sectores opositores que, de acuerdo con el Gobierno de Rodrigo Paz, buscan desestabilizar la institucionalidad democrática del país andino.
“El Estado boliviano reafirma los principios de soberanía, no injerencia y respeto mutuo entre las naciones”, señala el comunicado oficial, en el que además se aclara que la expulsión de la diplomática no implica una ruptura de las relaciones diplomáticas con Colombia ni afectará los canales de cooperación bilateral entre ambos países.
La reacción del Gobierno boliviano se habría intensificado luego de varios mensajes publicados por el presidente Gustavo Petro en su cuenta de X, donde calificó como una “insurrección popular” las recientes protestas registradas en Bolivia. Petro también sostuvo que la crisis que vive el país vecino es consecuencia de una “soberbia geopolítica” y aseguró que América Latina y el Caribe deben ser escuchados “mirando de frente y hablando con franqueza”.
Estas declaraciones provocaron molestia en el gobierno del presidente Rodrigo Paz Pereira, quien asumió el poder el 8 de noviembre de 2025, poniendo fin a dos décadas de gobiernos de izquierda liderados por el Movimiento al Socialismo (MAS), colectividad encabezada históricamente por Evo Morales.
Desde la llegada de Paz al poder, Bolivia atraviesa una compleja crisis política y social marcada por protestas, bloqueos y movilizaciones impulsadas por organizaciones campesinas, sindicatos y sectores afines al expresidente Morales, quienes rechazan las políticas del actual mandatario y exigen su renuncia.
A esto se suma el descontento de las centrales obreras bolivianas, que mantienen jornadas de protesta reclamando un incremento salarial del 20 %. Frente a las manifestaciones, el Gobierno boliviano ha respondido con operativos policiales y militares en distintas regiones del país para garantizar la movilidad y el orden público.
La expulsión de Elizabeth García Carrillo representa uno de los episodios diplomáticos más delicados entre Colombia y Bolivia en los últimos años y deja en evidencia el creciente distanciamiento político entre ambos gobiernos en medio de la crisis que atraviesa la nación andina.