“Una empresa registrada para transportar gas no puede destinar recursos a otra actividad distinta”
Sarath Alicia Moya Machado
La exgerente de PDVSA Gas Sucursal Colombia, Sarath Moya Machado, reapareció públicamente en una entrevista concedida a Cardenal Stereo, en la que negó la existencia de un presunto desfalco de 100 millones de dólares, aseguró tener pruebas de la trazabilidad de los recursos manejados durante su gestión y lanzó serias advertencias sobre las condiciones en las que podría darse un eventual retorno de la empresa venezolana al país.
Desde Paris, en donde residede actualmente reside, Moya sostuvo que la cifra que durante años ha circulado en medios de comunicación “nunca existió”.
“Lo mío no es una narrativa, lo mío son pruebas”, afirmó, al tiempo que explicó que los recursos que manejaba la sucursal provenían de la venta de gasolina de Venezuela a Colombia, en operaciones con Ecopetrol, y que estos eran canalizados a través de cuentas internacionales para financiar la operación del gasoducto Antonio Ricaurte.
Según su versión, el monto real que quedó en las cuentas de la sucursal al momento de su salida, en agosto de 2015, era de aproximadamente 30 millones de dólares.
La ruptura: una orden que no cumplió
Moya atribuye su salida a una decisión puntual: negarse a transferir esos recursos a cuentas personales para la compra de transformadores destinados a un plan de vivienda en Venezuela.
Explicó que dicha operación no correspondía al objeto social de la empresa en Colombia y que, de haberse realizado, habría violado la normatividad vigente.
“Una empresa registrada para transportar gas no puede destinar recursos a otra actividad distinta”, señaló.
Tras su salida, asegura, el dinero “desapareció”, aunque insiste en que existen mecanismos legales que restringían su movilización si la empresa no estaba en proceso de liquidación o en operación comercial activa.
Señalamientos, versiones y defensa
Durante años, el nombre de Moya ha estado vinculado a investigaciones y versiones sobre presuntos hechos de corrupción en PDVSA. Frente a esto, la exfuncionaria negó haber sido objeto de señalamientos en investigaciones internacionales de alto nivel y aseguró que las acusaciones provinieron principalmente de sectores políticos y mediáticos en Venezuela.
Indicó además que cuenta con auditorías y documentos financieros que respaldan su gestión, y reiteró que sus declaraciones están sustentadas en “hechos verificables”.
Deudas pendientes en La Guajira
Uno de los puntos más sensibles de la entrevista tiene que ver con el impacto en el departamento de La Guajira.
Moya afirmó que varios compromisos adquiridos durante la ejecución del proyecto del gasoducto Antonio Ricaurte no se cumplieron en su totalidad, entre ellos procesos de consulta previa, obligaciones ambientales y pagos a trabajadores.
Sostuvo que existen extrabajadores que aún no han recibido sus liquidaciones, incluso más de una década después.
“Si no se le ha pagado a trabajadores, es difícil pensar que se hayan cumplido otras obligaciones”, indicó.
También hizo referencia a proyectos sociales que, según dijo, quedaron inconclusos, afectando directamente a comunidades, incluyendo población indígena wayuu.
El gasoducto y las dudas sobre el futuro
En medio del debate actual sobre la posibilidad de reactivar el intercambio energético entre Colombia y Venezuela, Moya cuestionó la viabilidad técnica de una nueva fase del proyecto.
Aseguró que el gas disponible en Venezuela se encuentra en la zona oriental del país y que no existe actualmente una infraestructura que permita transportarlo hasta la frontera con Colombia.
“No existe un gasoducto que conecte esa zona con el occidente”, afirmó.
En ese sentido, advirtió que cualquier negociación futura debería revisarse cuidadosamente, especialmente en lo relacionado con precios y condiciones de mercado.
Contexto internacional y advertencias
Moya también hizo referencia al contexto geopolítico y financiero, señalando que factores como las sanciones internacionales podrían incidir en los intereses detrás de un eventual retorno de PDVSA a Colombia.
Aunque no profundizó en detalles, sugirió que el país debe actuar con cautela frente a posibles implicaciones económicas y regulatorias.
Historia personal marcada por su salida del pais
En la entrevista, la exgerente también habló de las consecuencias personales que ha enfrentado tras su salida.
Relató que, luego de las acusaciones públicas, atravesó episodios de depresión que la llevaron a recibir atención médica, y que actualmente reside fuera de Venezuela, país al que afirma no poder regresar.
“Cuando destruyen mi reputación, me destruyen a mí”, expresó.
Un debate que apenas comienza
Las declaraciones de Sarath Moya se producen en un momento en que vuelve a discutirse la posibilidad de reactivar proyectos energéticos binacionales, en medio de una creciente preocupación por el abastecimiento de gas en Colombia.
Sus afirmaciones abren nuevos interrogantes sobre el pasado de PDVSA en el país y sobre las condiciones en las que podría plantearse su regreso.
Por ahora, su versión se suma a un debate que, lejos de cerrarse, parece apenas comenzar.
