Un nuevo hecho de violencia sacudió la noche de este domingo a La Guajira. Un vehículo asignado por la Unidad Nacional de Protección (UNP) al esquema de seguridad de un líder indígena fue atacado a tiros cuando se movilizaba entre los kilómetros 16 y 20 de la vía que comunica a Riohacha con Maicao, minutos después de haber salido de una manifestación política en la que participó la fórmula vicepresidencial, Aída Quilcué.
De acuerdo con la información preliminar conocida hasta el momento, el líder protegido no se encontraba dentro del automotor al momento del atentado. Sin embargo, en el vehículo viajaban otras personas, entre ellas un integrante de la comunidad indígena que recibió un impacto de bala en la cabeza, por lo que su estado de salud sería de extrema gravedad.
El ataque vuelve a encender las alarmas sobre la creciente inseguridad que golpea este estratégico corredor vial de La Guajira, escenario en los últimos días de múltiples hechos violentos, entre ellos asaltos armados, retenes ilegales y ataques contra viajeros, situaciones que mantienen en zozobra a transportadores, comunidades indígenas y ciudadanos que transitan por esta importante arteria del departamento.
Las circunstancias del atentado son materia de investigación por parte de las autoridades, que deberán establecer si se trató de un ataque dirigido contra el esquema de protección o si responde a otras dinámicas criminales que vienen afectando la movilidad en la Troncal del Caribe.
El hecho resulta especialmente delicado por haberse registrado tras una concentración política, en medio de un clima de alta tensión por las garantías de seguridad para líderes sociales, indígenas y actores políticos en varias regiones del país.
Hasta el cierre de esta información, ni la Policía Nacional ni la Unidad Nacional de Protección habían emitido un pronunciamiento oficial sobre lo ocurrido, mientras familiares y miembros de la comunidad indígena permanecen atentos a la evolución médica del herido.
En La Guajira crece la preocupación. Lo sucedido no solo representa un nuevo golpe contra la seguridad en las carreteras del departamento, sino también una seria advertencia sobre los riesgos que siguen enfrentando quienes ejercen liderazgo social y territorial en esta región del país.