Con un llamado urgente al Gobierno Nacional para que escuche sus reclamaciones y adopte medidas inmediatas, representantes sindicales de la Unidad Nacional de Protección (UNP) se reunieron en Riohacha para analizar la compleja situación que enfrentan los escoltas encargados de proteger la vida de líderes sociales, indígenas y personas amenazadas en el departamento.
Durante el encuentro sindical desarrollado los días 7 y 8 de mayo, voceros nacionales y regionales advirtieron que la reducción progresiva de esquemas de protección, el aumento de la violencia en La Guajira y presuntos incumplimientos laborales están generando una profunda preocupación entre los trabajadores del programa.
Luis Arturo Padilla, presidente seccional de La Guajira, reconoció que existe temor entre los escoltas debido al contexto de inseguridad que atraviesa el departamento.
“Sí tenemos preocupación. Somos trabajadores que llevamos muchos años en este programa, desarrollando nuestra labor con profesionalismo, pero el desmonte de esquemas de seguridad genera incertidumbre porque estos contratos están ligados al derecho fundamental a la protección de líderes sociales e indígenas”, expresó.
Padilla advirtió que mientras los escoltas cumplen su labor con armamento limitado, deben enfrentar estructuras delincuenciales con alto poder de fuego en territorios donde persisten amenazas de grupos armados ilegales.
Según explicó, la situación resulta más delicada por el incremento de homicidios en La Guajira, lo que hace aún más riesgosa la labor de quienes custodian a líderes amenazados.
“Hoy vemos cómo cerca del 30 % de los esquemas están siendo reducidos. Incluso algunos beneficiarios quedan totalmente desprotegidos o deben abandonar el territorio para salvaguardar sus vidas”, aseguró.
El dirigente sindical insistió en que desde el nivel central no se está dimensionando la gravedad de la crisis de seguridad que vive el departamento.
“Se cree que Riohacha es solo playa, brisa y mar, pero no están viendo la verdadera problemática de inseguridad que enfrenta La Guajira”, afirmó.
Denuncian posible “masacre laboral”
Otro de los puntos críticos expuestos durante la reunión fue la preocupación por la formalización del empleo público en la UNP.
Padilla cuestionó la implementación de decretos que, según dijo, avanzan sin suficiente participación sindical y podrían dejar por fuera a escoltas con años de experiencia.
“Lo que auguramos es una posible masacre laboral, donde compañeros que han envejecido prestando este servicio queden por fuera, mientras esos cargos terminan siendo ocupados por personas vinculadas a intereses clientelistas”, manifestó.
Explicó que ya cursan acciones judiciales ante el Consejo de Estado para revisar la legalidad de estas disposiciones y exigir que cualquier proceso de formalización garantice estabilidad para los actuales trabajadores.
Reclamo por trato de autoridades
Los sindicatos también denunciaron lo que consideran un trato inadecuado por parte de algunas autoridades policiales durante procedimientos en carretera.
De acuerdo con Padilla, los escoltas sienten que se les somete a controles excesivos sobre el porte legal de sus armas, mientras se descuida la protección integral de los beneficiarios durante los desplazamientos.
“Se preocupan más por revisar nuestras armas que por garantizar la seguridad de las personas que estamos protegiendo. Somos personal serio, profesional y responsable”, sostuvo.
Respaldo nacional
Por su parte, Alfredo Díaz Balanta, presidente nacional del sindicato, explicó que la presencia de delegados nacionales en Riohacha responde a la gravedad de las denuncias recibidas desde La Guajira.
Indicó que esperan que del encuentro surjan compromisos concretos y que hagan presencia altos funcionarios de la UNP, la Defensoría del Pueblo y la Unidad para las Víctimas.
“Queremos que de esta reunión salga un documento con compromisos reales frente al riesgo, la reducción de esquemas y la situación laboral de nuestros compañeros”, puntualizó.
La reunión sindical se desarrolla en medio de crecientes cuestionamientos sobre la capacidad del Estado para garantizar la protección efectiva de líderes sociales en regiones donde la violencia continúa marcando el pulso de la vida cotidiana.