En los corregimientos de Choles y Comejenes, en zona rural de Riohacha, el paso de los años ha dejado una huella que no se mide en obras terminadas, sino en promesas incumplidas. Allí, donde el polvo de las trochas se mezcla con el olor de las aguas estancadas, los habitantes todavía recuerdan un proyecto que en 2015 les prometió dignidad sanitaria: la construcción de un sistema de alcantarillado.
El contrato número 210 de 2015 fue presentado como una solución definitiva para dos poblaciones que históricamente han enfrentado problemas de saneamiento básico. La obra quedó en manos del Consorcio Choles y Comenejes 2015, encargado de ejecutar la infraestructura que permitiría conducir y tratar las aguas residuales de la comunidad.
Como ocurre en la mayoría de proyectos de infraestructura pública, el contrato contemplaba la entrega de un anticipo para facilitar la ejecución de las obras. Ese dinero, proveniente de recursos públicos destinados al saneamiento básico del departamento de La Guajira, debía garantizar el inicio de los trabajos.
Pero la obra nunca se materializó.
Con el paso de los años, el proyecto quedó atrapado entre retrasos, incumplimientos y trámites administrativos. Mientras tanto, los habitantes continuaron viviendo sin un sistema adecuado de alcantarillado, recurriendo a soluciones precarias como pozos sépticos improvisados o vertimientos directos.
La situación tomó un giro formal en diciembre de 2021, cuando la empresa Esepgua, realizó el cierre administrativo del contrato. El acta dejó un dato que evidenció la magnitud del problema: un saldo de anticipo no amortizado por $854.814.170,50.
En otras palabras, una parte significativa de los recursos entregados para la obra no fue justificada ni reintegrada.
Ante esta situación, la Empresa de Servicios Públicos de La Guajira (ESEPGUA) inició una serie de actuaciones administrativas para recuperar el dinero público. Durante el proceso, la entidad requirió a los responsables del contrato para que respondieran por la sanción y devolvieran los recursos.
Las respuestas nunca llegaron
El silencio de los contratistas llevó finalmente a la entidad a activar el proceso de cobro coactivo, una herramienta legal que permite al Estado recuperar recursos cuando existen obligaciones pendientes con entidades públicas.
El resultado fue una medida contundente: el embargo de un bien inmueble perteneciente a uno de los integrantes del consorcio, como garantía para el pago de la deuda.
Para ESEPGUA, la decisión busca proteger el patrimonio público y enviar un mensaje sobre la responsabilidad en la ejecución de los contratos estatales. Sin embargo, el caso también vuelve a poner sobre la mesa una realidad que durante años ha marcado el sector de agua potable en el departamento.
Diversos proyectos de saneamiento básico en La Guajira han enfrentado retrasos, suspensiones o incumplimientos, dejando comunidades enteras a la espera de soluciones que en ocasiones tardan más de una década en concretarse.
En Choles y Comejenes, el efecto de ese fracaso administrativo es visible en la vida diaria. Allí, el alcantarillado prometido hace once años sigue siendo una obra inconclusa, mientras el Estado intenta recuperar el dinero que debió servir para construirla.
La investigación administrativa continúa su curso, y el embargo representa apenas una etapa dentro del proceso de recuperación de recursos.
Pero en estas comunidades rurales, la pregunta sigue siendo la misma: ¿quién responde por la obra que nunca se hizo?
