Sentado frente a un pequeño escritorio, el alcalde de Riohacha, Genaro Redondo Choles, comenzó a cumplir en la sede del Comando Central de Policía de La Guajira, una orden judicial, por un desacato de tutela, en donde se le ordenó iniciar el desalojo de familias wayuu, que desde hace varios años ocupan un predio particular en las afueras del casco urbano de esta capital, medida que comenzará a ser ejecutada este miércoles en horas de la mañana.
“No es un arresto. A mí no me han arrestado, me he presentado voluntariamente sin necesidad de abogado, porque mi caso no es penal, simplemente es una situación administrativa, que no había podido cumplir debido a que a comienzos de abril, hubo una orden del Tribunal Superior, que pedía suspender temporalmente la medida de desalojo, pero que en Semana Santa, nuevamente se ordenó cumplir con la medida y en eso estamos, para cumplir la decisión judicial este miércoles 7 de mayo” dijo en diálogo telefónico el alcalde Genaro Redondo Choles.
El alcalde confirmó que simplemente ha querido cumplir la orden de desacato, pero considera que, siempre ha existido la decisión cumplir con las medidas de desalojo, pero se han presentado factores externos que no han permitido que se haga el ejercicio.
Mientras permanezca en la Central de Policía, Redondo Choles, tendrá a su servicio una silla, un escritorio, un portátil, para seguir ejerciendo sus funciones como alcalde, ya que no ha sido privado de esta actividad, simplemente es una medida de orden correctivo administrativo.
Quedó claro que el alcalde no ha sido arrestado, ni mucho menos fue detenido cuando iba saliendo de la ciudad en un vehículo. “Estamos cumpliendo con las decisiones judiciales”.
Desde hace varios años, los propietarios de un predio situado en las afueras de la ciudad, están solicitando el desalojo de las tierras, que fueron ocupadas por familias wayuu. En varias oportunidades se han hecho los ejercicios, pero se han presentado querellas, que lo han impedido.
Lo preocupante es que son más de 500 personas, entre niños, niñas, mujeres, ancianos de la etnia wayuu, que aseguran no tener tierra donde construir sus viviendas. A esto se suma, que el Distrito tampoco tiene los dineros, ni mucho menos lotes disponibles para albergar a estas familias.
Entre la espada y la pared
Por un lado, el alcalde Genaro Redondo Choles, debe cumplir las medidas judiciales, pero por otro, deberá buscar la solución habitacional a las familias vulnerables que se encuentran concentrada en ese predio. Precisamente, algunos entes de derechos humanos, le han solicitado al alcalde velar por el bienestar social de estas personas.