Comparte esta noticia

A través de un extenso documento, la presidenta de la Sección Quinta del Consejo de Estado, Rocío Araujo Oñate, pidió al magistrado Gabriel Valvuena Hernández, miembro de la Comisión Segunda, que niegue el amparo solicitado por el exgobernador Nemesio Roys Garzón, en una tutela de 94 folios en donde «se pretende, como si se tratara de un proceso ordinario, seguir  discutiendo sobre la validez del acto de elección del gobernador de La Guajira, e inclusive, se solicita que se declare que es ajustado al ordenamiento jurídico el señalado acto electoral, lo que escapa a la finalidad de acción de tutela contra providencias judiciales».

La magistrada Araujo Oñate, fue la ponente de la sentencia mediante la cual se tumbó la elección del gobernador de La Guajira, Nemesio Roys Garzón, quien busca mediante tutela regresar al cargo, bajo el argumento que se le violaron derechos fundamentales.

En el documento de la presidenta de la Comisión Quinta del Consejo de Estado, la Magistrada Araujo Oñate, anuncia o que la estructura de su documento se fundamenta en lo siguiente: (I) lo decidido por la providencia controvertida; (II) Falta de existencia de una “anomalía de tal entidad que exija la imperiosa intervención del juez constitucional”.

Mediante sentencia del 1° de julio de 2021[1], la Sección Quinta del Consejo de Estado declaró, en sentencia de única instancia, la nulidad de la elección del señor Nemesio Raúl Roys Garzón, como gobernador del departamento de La Guajira, elegido para el periodo 2020-2023, al encontrar que incurrió en la prohibición de doble militancia en la modalidad de apoyo[2].

Sea lo primero advertir que la Sala encontró acreditado, de un lado, que el 3 de agosto de 2019, durante la apertura de la campaña del señor Gerardo Abel Cujia Mendoza, candidato del Partido Liberal a la alcaldía de Uribia, el señor Nemesio Raúl Roys Garzón  manifestó que estaba “agradecido con el pueblo de Uribia por este gran recibimiento, de este apoyo para sacar a Gerardo como alcalde de Uribia”, expresando de forma clara e inequívoca ante la ciudadanía, su deseo de que aquél saliera victorioso en el certamen electoral.

Esta manifestación estuvo precedida de su comparecencia y participación activa en un evento que tenía como fin principal promocionar la aspiración política de un contendiente directo del candidato inscrito como tal desde el 19 de julio de 2019 como candidato a dicha Alcaldía, por la organización política a la que pertenece y ajeno a la coalición conformada para respaldar la candidatura del señor Roys Garzón.

También encontró acreditado la Sala que el 24 de agosto de 2019 se suscribió el “Pacto por la Transformación de Riohacha, entre Euclides “Quille” Redondo” y Nemesio Roys Garzón”, el cual fue suscrito y ampliamente publicitado en la campaña electoral, en un evento público organizado por el primero de los candidatos, perteneciente al Partido de Reivindicación Étnica (en adelante PRE), para convencer al electorado de la capital del departamento a respaldar ambas candidaturas, en aras de materializar 6 aspectos del programa de gobierno que ambos aspirantes construyeron y se comprometieron a ejecutar de manera armónica en el evento de ser elegidos, lo que constituyó una manifestación de apoyo recíproco, que es prohibido tanto por la Constitución como por la Ley y que desconoció el deber de fidelidad del demandado a su colectividad de origen, el Partido Conservador.

La Sección Quinta del Consejo de Estado sustentó su decisión, no solamente en los dos hechos plenamente demostrados, sino también explicando que la prohibición constitucional y legal de doble militancia, salvaguarda la libertad del elector, de tal manera que los comportamientos desarrollados por el señor Roys Garzón afectaron la claridad y lealtadexigidas constitucionalmente en cabeza de sus electores. En ese orden de ideas, se indicó que los equívocos, las confusiones, las ambigüedades, las puestas en escena meramente coyunturales e inclusive las indeterminaciones ideológicas que produce la doble militancia, alteran el convencimiento del elector al momento de la toma de su decisión.


Para la magistrada Araujo Oñate, dicha petición de entrada denota que el demandante hace ejercicio de la acción de tutela no con el fin que el proceso en el que se dictó la sentencia controvertida se adopten las medidas pertinentes para corregir eventualmente las situaciones que supuestamente vulneraron los derechos fundamentales, sino que el juez de tutela obligue a la Sección Quinta a proferir un fallo en determinado sentido, como si juez de tutela tuviera las mismas competencias del juez ordinario.

«Un cosa es que se haga ejercicio de la tutela para que se protejan los derechos fundamentales vulnerados por una providencia, y por ende, se le ordene al juez ordinario que dicte providencia de reemplazo sin incurrir en las circunstancias que vulneraron aquellos, modalidad de la acción constitucional que es válida siempre y cuando se cumplan los requisitos de procedencia y se acredite la configuración de al menos una de las causales de procedibilidad que ha definido la Corte en su jurisprudencia, y otro asunto muy diferente es que se haga ejercicio indebido de este medio de protección con el fin de buscar reemplazar al juez natural, imponerle en qué sentido debe decidir un caso concreto y/o generar una instancia adicional a las legalmente previstas

Así mismo asegura que «el actor desconociendo la finalidad y límites de la acción de tutela contra providencias, formuló como pretensión principal que se le imponga a la Sección Quinta del Consejo de Estado que declare la validez de su elección como gobernador de La Guajira, es decir, que el juez de tutela actúe como superior de la Sección Quinta del Consejo de Estado, para lo cual presentó un extenso escrito, en el cual insiste en los argumentos que desarrolló durante el trámite ordinario y añadió ilegalmente otros, que se precisarán más adelante y/o con los cuales pretende de manera inoportuna mejorar la contestación de la demanda de nulidad electoral en su contra, como si se tratara de una etapa adicional para continuar con el debate judicial.

TEXTO COMPLETO DEL DOCUMENTO DE ROCÍO ARAUJO OÑATE

1 comentario

  1. Ahora resulta que la susodicha togada es juez de tutela, magistrada y parte… Encima de eso parece del ministerio público ya que anunció seguimiento al proceso del juez de tutela para ella evitar que le modifiquen su sentencia en derecho a favor de Roys, que sabemos que fue un fallo ridículo basado en un juego de palabras. Y que una cabrona de estos interpreta a su manera… Y la verdad es que la voluntad del pueblo fue elegirlo a él… Por encima de magistrados y de cualquiera…. VOX POPULY VOX DEI…

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *