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Los magistrados de la Sección Quinta del Consejo de Estado, en cabeza de la presidenta Rocío Araujo Oñate, y el conjuez José Rodrigo Vargas Campo, solicitaron a la Sala Plena Contenciosa Administrativa avocar, fallar, y revocar el fallo del pasado 9 de septiembre del 2021 de la Sección Segunda, Subsección A, para negar de plano la acción de tutela que retornó a Nemesio Roys Garzón, como gobernador de La Guajira.

Para los magistrados de la Sección Quinta del Consejo de Estado, la cuestión planteada tiene alta connotación dentro del mundo jurídico, en la medida en que lo que se defina, contribuiría a precisar la extensión del principio de la confianza legítima en lo que respecta al alcance de las decisiones judiciales en caso novedosos o con poco desarrollo jurisprudencial, en un sistema normativo de derecho continental como el ordenamiento jurídico colombiano, por lo que constituye un asunto transversal y determinante que por su importancia jurídica y dispersidad de posiciones judiciales es recomendable ser abordado por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado.

El gobernador Nemesio Roys Garzón, elegido mayoritariamente por los guajiros, con más de 160 mil votos, retornó el pasado viernes 17 de septiembre, sin que la impugnación presentada este martes 21, afecte su relación laboral.

SOLICITUD PARA QUE LA SALA PLENA CONTENCIOSA AVOQUE EL CONOCIMIENTO DE LA IMPUGNACIÓN Y DICTE FALLO DE UNIFICACIÓN JURISPRUDENCIAL

El relato de los antecedentes del proceso de la referencia da cuenta, que con ocasión de la controversia relativa a la nulidad de la elección del gobernador de La Guajira, periodo 2020-2023, se ha presentado un caso de importancia jurídica y, de otro lado, una diversidad de criterios sobre el alcance del principio de la confianza legítima, en tratándose de los efectos de los pronunciamientos judiciales.

Lo anterior en la medida, en que la Sección Segunda, Subsección A en sede de tutela considera que las decisiones que dicte el Consejo de Estado, que implique (I) precisar el alcance de las normas respecto de casos que no se ha decidido con anterioridad, o (II) frente a los cuales la jurisprudencia pertinente es anterior a los hechos objeto del respectivo proceso, debe indicar que la jurisprudencia rigen hacía el futuro, esto es, que tienen efecto no para la controversia objeto de estudio, sino para las análogas que se presenten con posterioridad, so pena de “sorprender” a las partes de la primera con criterios interpretativos que desconocían para el momento en que tuvieron lugar los hechos del caso, en desconocimiento del aludido principio.

En contraste, en la providencia de la Sección Quinta del Consejo de Estado del 1° de julio de 2021 que se cuestiona en sede de tutela, se hizo énfasis en las normas constitucionales y estatutarias aplicables a una controversia, vigentes desde antes de los hechos que dieron lugar a ésta, no pierden su poder normativo cuando se aplican a los primeros casos que se presentan, por lo que no es de recibo exigir respecto de ellas, la existencia de jurisprudencia sólida en la materia, so pena de desconocer el carácter vinculante de la constitución y la ley.

La Sección Quinta no desconoció el principio de la confianza legítima, pues como ya lo ha dicho el Consejo de Estado y la Corte Constitucional que ante la claridad de la  prohibición, sin excepción, para todos los candidatos de apoyar a otros que no pertenezcan a su colectividad política lo que prevalece es la aplicación de las normas por encima del principio de la confianza legítima.

Lo anterior fundado en que las situaciones fácticas no modulan el comportamiento del derecho sino que, por el contrario,  es el derecho el que modula y comprende las situaciones fácticas. Ello implica  que las normas jurídicas implican las disposiciones jurídicas y las interpretaciones del juez.

Ello comprende que si bien la Sección Quinta ha utilizado la anulación prospectiva en la que se basa la jurisprudencia anticipada esta es una potestad del juez, quien en cada caso concreto debe determinar los efectos de las sentencias. Ello en aplicación de la Ley estatutaria de administración de justicia. Pero ello no entraña un derecho de las partes.

De tal manera que, cuando se habla de jurisprudencia anticipada se parte de la base que existe un antecedente jurisprudencial al momento de fallar y no cuando sucedieron los hechos, pues estos debe siempre someterse al Derecho.

Ello conlleva que al momento de expedirse la sentencia de nulidad electoral del 1 de julio de 2021 existían antecedentes jurisprudenciales que denotaban la prohibición de la doble militancia en el caso de las coaliciones.

Con base en ello, es que que la jurisprudencia no está ligada a los hechos sino a la aplicación del derecho a esos hechos.

Ahora bien, obviando esta discusión, la Corte Constitucional a través de la Sentencia de Unificación SU -209 de 2021, es clara en afirmar que, aún no existiendo un precedente, la interpretación que realice el Juez Electoral aplica a hechos acaecidos con anterioridad. Dicha posición jurídica también fue contradicha, sin mayores argumentos, por la Subsección A de la Sección segunda de la corporación.

El criterio de la Corte Constitucional, parámetro de autoridad, coincide con el criterio de la Sección Quinta, pues dicha Sección en el caso de la referencia, no solo hizo uso de la interpretación propia que le corresponde como Juez Electoral, sino que aplicó de manera directa tanto la Constitución como la Ley Estatutaria 1475 de 2011. 

Por ende, mal se puede hablar de vulneración de la confianza legítima y del Art. 83 de la Constitución, cuando lo que se aplicó fue el bloque de constitucionalidad y la ley estatutaria 1475 de 2011 o, en últimas, de las normas jurídicas aludidas incluidas las sentencias que sirven de antecedentes al caso del gobernador de la Guajira. La única confianza vulnerada de manera inconstitucional, fue la del elector en el departamento de la Guajira.  En otras palabras, la aplicación de la Constitución y la ley estatutaria no puede vulnerar el principio de buena fe.

También consideramos que la figura de la sentencia anticipada corresponde aplicarla a la sala Electoral y no al juez de tutela, pues al haberla establecido actúo como juez de instancia y no como juez de constitucionalidad, pues allí no hay debate constitucional sino legal.

Las referidas posturas interpretativas, relativas a la aplicación del principio de confianza legítima y los efectos que pueden tener las decisiones de la corporación respecto de (I) asuntos novedosos, o (II) en los que se precise el alcance de las normas pertinentes y/o (III) se aplique jurisprudencia que fue posterior a los hechos materia de la controversia, constituyen tópicos de importancia jurídica y constituyen un motivo para unificar la jurisprudencia ante los criterios disímiles anotados anteriormente. Ello por cuanto se trata de”… un tema que reviste un interés jurídico superlativo dada su novedad, dificultad teórica y/o práctica o impacto sobre el ordenamiento jurídico[1].

Esto en la medida que se debe determinar con toda claridad por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, (I) la necesidad o no, de condicionar los efectos de las decisiones jurisdiccionales a casos con las anteriores características, y en caso afirmativo, (II) cuáles son los requisitos que deben reunirse para predicar que las consideraciones que se efectúan sobre las normas y la jurisprudencia que tienen estrecha relación con los supuestos fácticos y jurídicos de un asunto no pueden aplicarse a su resolución, sino a controversias similares que se presenten con posterioridad, definiendo desde cuándo.

Como puede apreciarse, la cuestión planteada tiene alta connotación dentro del mundo jurídico, en la medida en que lo que se defina, contribuiría a precisar la extensión del principio de la confianza legítima en lo que respecta al alcance de las decisiones judiciales en caso novedosos o con poco desarrollo jurisprudencial, en un sistema normativo de derecho continental como el ordenamiento jurídico colombiano, por lo que constituye un asunto transversal y determinante que por su importancia jurídica y dispersidad de posiciones judiciales es recomendable ser abordado por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado[2].

Conclusión

Por las razones expuestas, se solicita que la Sala Plena Contenciosa Administrativa avoque, falle y revoque el fallo del 9 de septiembre de 2021 de la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado, para en su lugar negar la acción de tutela interpuesta.

Cordial saludo,

ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Presidenta[3]

Sección Quinta del Consejo de Estado

TEXTO COMPLETO DE LA IMPUGNACIÓN


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